Casi siete años después de que el Tribunal Supremo hiciera firme en mayo de 2008 la sentencia sobre los atentados del 11-M, el Ministerio del Interior que entonces encabezaba Jorge Fernández Díaz decidió dotar de un "protocolo de actuación" a un grupo especial de la Policía que se había creado solo unos años antes ya con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa. El objetivo de dicho documento era permitir que esa unidad, denominada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), pudiera realizar investigaciones "secretas" sobre "actuaciones policiales concluidas" e, incluso, con resolución judicial, pese a que cuando se creó formó grupo su objetivo era únicamente 'desatascar' pesquisas que no avanzaban o se habían dado por conclusas sin poderse resolver. Con aquel documento de 2015, la BARC amplió sus "funciones y objetivos generales", y le permitió ampliar las investigaciones sobre las que podrá intervenir. Entre ellas, según ha revelado este jueves en una entrevista en el diario El Mundo el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino, se incluyeron las pesquisas de la mayor masacre terrorista de nuestro país.
En 2015, Interior decidió ampliar las competencias de la BARC para que, además de casos 'atascados', también investigara otros con sentencia firme como el de los atentados de 2004
Este alto mando policial, ahora jubilado y salpicado en varios escándalos relacionados con la llamada 'guerra de comisarios', ha asegurado que fue él quien encargó a dicho grupo policial investigar aquellos trágicos sucesos de marzo de 2004 y que el resultado de dichas pesquisas, aunque no contradice la resolución judicial, "da por sentado [...] algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa" llegaba a afirmar. Vozpópuli ha tenido acceso a ese documento interno de la Policía en el que se detallaba el "protocolo de actuación" de esta Brigada. Esta, según destacó el comisario Pino en la entrevista, redactó voluminosos informes sobre otros casos célebres ya sentenciados, como el 'chivatazo' a ETA del Bar Faisán y el asesinato de la joven Marta del Castillo, cuyo contenido también permanece secreto.
De hecho, este último término era utilizado expresamente en dicho documento, de poco más de dos folios de extensión y fechado el 19 de mayo de 2015. En el mismo también se destacaba que su actividad estaría directamente bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del director Adjunto Operativo, entonces el comisario Pino, y que estaría integrada orgánicamente en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), dedicada a investigar la supuesta comisión de delitos por parte de policías pero que durante la presencia de Fernández Díaz al frente de Interior también ha participado en pesquisas sobre el independentismo en Cataluña o las andanzas del 'Pequeño Nicolás'. Cuando se emitió dicho documento, al frente de la UAI ya no estaba el también comisario Marcelino Martín-Blas, sino un experto en la lucha contra el narcotráfico, el comisario Francisco Migueláñez.
"Absoluta reserva"
El protocolo de actuación de la BARC fijaba en cinco apartados la "naturaleza y dependencia", las "funciones y objetivos generales", las "instrucciones", las "colaboraciones" y el "marco normativo" en el que desarrollaría su actividad la misma. Así, detallaba que la brigada actuaría "como unidad de inteligencia operativa especializada en la revisión o análisis de las actuaciones o investigaciones de las distintas unidades policiales". Todo ello, destacaba,"con imparcialidad y absoluta reserva". De hecho, sus actuaciones e investigaciones se catalogaron a partir de aquel momento "como secretas", al igual que todas las que realiza la Unidad de Asuntos Internos de la que pasaba a depender. El documento también detallaba que su actuación se centraría tanto en investigaciones en curso o "activas" como en aquellas ya concluidas, que denominaba "pasivas". En este último caso se inscribirían, precisamente, el 11-M, el 'caso Faisán' y la muerte de Marta del Castillo.
Entre los objetivos generales de la brigada, el 'protocolo de actuación' fijaba la "mejora de la eficacia policial" pero también la "búsqueda de nuevas líneas de investigación"
En el caso de estas investigaciones "pasivas", el documento destacaba que la actuación de la BARC podría ser "por propia iniciativa". En este caso se resaltaba que se producirá "como última ratio de investigación de casos sin resolver o policialmente concluidos". Entre los objetivos "generales" de dicha actuación, el protocolo especificaba que eran tres. En primer lugar, la "mejora de la eficacia policial". En segundo, el "retorno de conocimiento al sistema de formación del Cuerpo Nacional de Policía". Y en último lugar, la "búsqueda de nuevas líneas de investigación", en este caso con la aclaración de que esto sería así "cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan".
"Obligación de colaboración"
El documento destacaba que en este caso sería, precisamente, el director Adjunto Operativo quien determinase las "directrices" que permitirían "garantizar la coordinación orgánica y operativa [de esta brigada] con las diferentes unidades". Así, en primer lugar fijaba la "obligación de colaboración" de los grupos policiales a los que se dirigiera la BARC. Para ello, establecía que dicha comunicación se realizaría por "conducto directo" una vez establecido el primer contacto "a través de la Unidad de Asuntos Internos". Las comunicaciones entre la brigada y la "unidad afectada" por la actuación de la primera sería tras ese primer contacto "sin comunicaciones a órganos intermediarios". Además, destacaba que los grupos deberían atender "todas las cuestiones planteadas" por los integrantes del la brigada, a la que debían aportan "la documentación necesaria".
El documento fijaba la "obligación de colaboración" de todos los grupos policiales a los que se dirigiese la brigada policial "sin comunicaciones a órganos intermediarios"
El protocolo elaborado en 2015 también determinaba que "las actuaciones en curso de análisis por las BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades" y, en el caso de que surgieran "nuevos indicios o noticias que pudieran afectar" al caso que estaba revisando la brigada, "los investigadores lo comunicarán inmediatamente de manera que quede constancia de ello y se estará a lo dispuesto por el DAO [director adjunto Operativo] a efectos de coordinación y desarrollo de esas nuevas diligencias de investigación". Además, el nuevo grupo podría "requerir [...] colaboraciones de miembros del CNP adscritos a otras plantillas". Todo ello, como se destacaba en las últimas líneas del documento, bajo "el seguimiento y control de los resultados" del director Adjunto Operativo, que cuando se analizó él 11-M era el comisario Pino.
