La Audiencia Provincial de Madrid juzga este lunes a una trabajadora social de un hospital psiquiátrico de Madrid que supuestamente falsificó el DNI de un fallecido en 1980 y cobró su pensión de jubilación por incapacidad absoluta durante 33 años, motivo por el que la Fiscalía pide para ella seis años de cárcel.
La Sección 17 de la audiencia madrileña pide esa pena de prisión por un delito de falsedad documental y un delito continuado de estafa, así como que indemnice a la Seguridad Social con 205.590,02 euros y pague una multa de 4.000 euros.
Según explica el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, en el año 1980 Juana I.M prestaba servicios como trabajadora social en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid donde se encontraba internado J.P.M., quien falleció el día 17 de marzo de ese año.
La acusada aprovechó que este hombre no tenía familiares para apoderarse de su DNI original y de su documentación bancaria, con el objetivo de percibir ella misma la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que el hombre tenía concedida desde el 1 de febrero de 1977, detalla la Fiscalía.
Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente en Caja Madrid a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba todos los meses en efectivo el dinero ingresado.
Sin embargo a partir de 2008 modificó su 'modus operandi' y falsificó una autorización a su nombre firmada aparentemente por J.P.M. que le permitía hacerse con el dinero.
Dinero total que obtuvo
Inicialmente la cantidad que recibió la acusada corresponde a lo que hoy son 104,16 euros, pero en el año 2012 el dinero ascendió a 675,64 euros mensuales y en 2013 a 689,15, de manera que la acusada obtuvo un total de 205.590,02 euros, según la Fiscalía.
En enero de 2013 la entidad Bankia (antes Caja Madrid) exigió a la acusada la presentación de una Fe de Vida y Estado del fallecido que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid y que presentó junto al DNI original y una autorización a su favor que ella misma había confeccionado imitando su firma.
Finalmente fue detenida en julio de ese año acusada de un delito contra la hacienda pública y falsificación de documentos.
