Otra polémica decisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, ha dictado un auto por el que da el primer paso para enviar a juicio al recién nombrado jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, el comisario principal Félix Antolín de Diego, a cuya toma de posesión asistió precisamente este miércoles el propio Zoido. El alto mando policial, que incluso figuraba hace unos días en la lista de candidatos a convertirse en el máximo responsable policial, está acusado de un presunto delito contra la integridad moral por el "trato degradante" dispensado a uno de sus subordinados cuando era el máximo responsable del Grupo de Operaciones Especiales (GEO). Junto a él también se sentará en el banquillo su 'número 2" en esta unidad de élite, el inspector jefe Andrés C. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo y que ha dado cobertura jurídica a la víctima, ha denunciado ahora el ascenso del alto mando imputado.
El nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha está acusado de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por acosar a un subordinado cuando era jefe del GEO
El caso que pone contra las cuerdas al nuevo jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha se inició en marzo de 2015, cuando el subinspector J.B.G., que entonces acababa de ser cesado de su puesto en el GEO, denunció las condiciones laborales a las que había sometido por los dos máximos responsables de esta unidad de élite. La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en julio de 2016 un fallo que obligó a la Dirección general de la Policía a readmitir al agente de los 'geos', mientras en paralelo continuaba la querella en la vía penal por acoso laboral en el Juzgado de Guadalajara, que es la localidad donde este grupo policial tiene su sede. Son a estas pesquisas a las que el nuevo auto, fechado el pasado 1 de febrero y al que ha tenido acceso Vozpópuli, da el impuso definitivo para mandar a juicio el caso.
De hecho, el escrito del magistrado destaca que "existen indicios de criminalidad" de que ambos el comisario Antolín y su segundo realizaron desde mayo de 2014 "actos de contenido vejatorio prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica" que tenían sobre el subinspector que los denunció. En concreto, el escrito del juez De la Fuente recalca que el objetivo de todo ello era quebrar "su resistencia e integridad moral y su propia estimación" para "forzar su salida de los GEOS". En concreto, destaca que, pese a ser jefe de un subgrupo de esta unidad de élite desde febrero de 2014, la víctima fue aislada de sus compañeros "dejándole a entrenar sólo" y le relevaron de "cualquier función". Además, el magistrado destaca que en 2015 le abrieron un expediente disciplinario por hechos acaecidos en 2013 y que finalmente fue archivado. Pese a ello, fue cesado de su puesto en enero de 2015 por orden del entonces director general de la Policía, el hoy senador Ignacio Cosidó, en una decisión que año y medio después fue anulada por la Justicia.
"Ningún puesto de mando"
En su escrito, el juez De la Fuente destaca como "dato de relevancia" de dichos hechos la propia declaración que el hoy jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Félix Antolín, prestó ante él y en la que reconoció que fue él quien ordenó que a dicho policía no se le adjudicase "ningún puesto de mando en las tareas de la unidad". El alto mando policial negó que considerase aquello "acoso", aunque admitió que tomó dicha decisión porque el agente "le pidió tiempo para reorganizarse [...] y en vez de irse se hizo representante sindical". El auto también destaca que el comisario Antolín también aseguró que cuando finalmente el agente fue relevado "es como si no tuviera funciones, es como si se le vejara ya que se tendría que dedicar, por ejemplo, a lavar coches".
El alto mando policial y su 'número 2' en el GEO admitieron ante el juez que apartaron a la víctima de sus funciones en la unidad
El alto mando también admitió que la víctima no había tenido ninguna actuación irregular, salvo la de 2013 por la que se le abrió expediente dos años más tarde que posteriormente fue archivado. Por su parte, el inspector jefe imputado también admitió que se quitaron las funciones a dicho policía en una decisión que justificó en "falta de confianza porque se había posicionado en un movimiento asambleario". Sin embargo, aseguró que el subinspector "aceptó la situación de ser arrinconado y que [no] se le llamara para nada". En este punto, el juez destaca que "de estas manifestaciones se revela la situación que aislamiento que sufrió el querellante" y que "es un hecho incontestable" que la víctima no la aceptaba pese a la manifestación de sus superiores.
"Era un cadáver"
En este sentido, el juez recoge las declaraciones de cuatro testigos que "vienen a confirmar y reconocer la etiología laboral del padecimiento del querellante". Así, uno de ellos aseguró que el subinspector "estaba solo, entrenaba solo" y que desde mayo de 2014 no le dejaron participar en ninguna operación aunque "siempre ha sido muy profesional". Otro compañero aseguró que el comisario le reconoció en una reunión que el policía "era un cadáver" y mostró su convencimiento de que "en alguna ocasión" fue apartado de las operaciones "por motivos personales". Un tercer testigo incidió en esto último y destacó que pese a que "siempre desarrollaba perfectamente sus funciones" y "fue ejemplar", los mandos "le estaban forzando a marcharse". La última declaración que destaca el auto también resalta que a la víctima "le dejaban solo" y que "el comisario le dijo que era un cadáver".
Cuatro integrantes del GEO corroboraron que los dos mandos policiales dejaban participar a su compañero en las operaciones de la unidad "por motivos personales"
A todo ello, el juez de Guadalajara añade las conclusiones del informe del médico forense que corroboran que el policía sufre "un estado psíquico acorde con hechos de la naturaleza de los imputados. El forense -continúa el escrito- afirma que el querellante padece una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo que es compatible con hechos denunciados". Por todo ello, considera constatado "la existencia de indicios de una actuación continuada y reiterada de humillación y vejación" y decide continuar la diligencias previas como procedimiento abreviado, paso previo para celebrar un jucio por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. Todo ello con el principal acusado recién nombrado por el ministro Juan Ignacio Zoido jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha.
