Nueva vuelta de tuerca en la investigación sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Getafe en la etapa en la que el actual senador del PP y diputado de la Asamblea de Madrid Juan Soler-Espiabau Gallo era su alcalde. El Grupo XXVI de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de este municipio, Francisco Javier Achaerandio, un informe en el que analiza el escrito de denuncia presentado por uno de los investigados (actual denominación de la figura de imputado) en el que éste detallaba los supuestos amaños realizados para adjudicar la elaboración del proyecto y la posterior construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe (CEPPAE), el proyecto estrella del hoy aforado. Dicho documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cita en dos ocasiones al propio Soler y destaca su presencia en un encuentro celebrado meses antes de que se adjudicara el contrato con el empresario que finalmente se hizo con él. La Policía pide al magistrado que encargue al "órgano competente", en referencia al Ministerio de Hacienda, un informe para cuantificar "el quebranto producido" en las arcas públicas por el presunto pufo, destapado gracias a la denuncia de Roberto Benítez, vecino del municipio y editor de la revista local El Bercial.com. .
El documento policial analiza la denuncia de un funcionario imputado sobre las supuestas irregularidades en el contrato de remodelación del Ayuntamiento de Getafe
El informe, fechado el pasado 10 de enero, fue encargado por el juez Achaerandio a la Policía el pasado 27 de octubre después de que uno de los imputados en la causa, el arquitecto municipal Armando García Juliana, presentase en septiembre en el Juzgado de Guardia de la localidad un escrito de denuncia en el que detallaba cómo se produjeron las supuestas irregularidades en la adjudicación a la empresa Vegas Arquitectura y a la constructora Dragados SA de los contratos para realizar, respectivamente, el proyecto y posterior construcción del centro escénico. En la misma, este funcionario no citaba a Juan Soler, pero señalaba como presunto responsable del amaño a uno de los concejales de su equipo, Antonio José Mesa, célebre por haber roto en un acto público del PP de 2013 al que asistía Esperanza Aguirre una foto de Luis Bárcenas e imputado recientemente. Sin embargo, en el estudio que los agentes hacen de la denuncia, y en el que comparan su contenido con la declaración que su autor prestó como "investigado no detenido" dos meses después de presentar dicha denuncia, sí se involucra expresamente a Juan Soler en los hechos investigados.
En concreto, el informe policial recalca que el funcionario en su declaración afirmó que fue una decisión del entonces alcalde que el nuevo centro escénico debía tener "parecidas características" al diseñado por el estudio de arquitectura Aranguren & Gallegos para el Museo del Comic ABC de Madrid y que en una reunión celebrada entonces entre el denunciante y los responsables de dicha firma éstos le comentaron que "debían ser los autores del proyecto" de remodelación del Teatro Madrid. También aseguró que dichos encuentros se celebraron, precisamente, "a instancia de alcalde". De hecho, esta firma fue invitada al "concurso de ideas", que se llevó a cabo con carácter de urgencia y que, según la denuncia, estuvo plagado de irregularidades. En este sentido, el escrito destacaba que al día siguiente de la presentación de los proyectos "estos fueron valorados en el Gabinete de Alcaldía sin la presencia de ningún técnico, no constando ni quién ni qué criterios se siguieron para la valoración de los mismos".
Reunión bajo sospecha
Finalmente, el concurso se falló a finales de 2012, aunque se lo llevó una empresa distinta, Vegas Arquitectura. El nuevo informe policial destaca en este punto que Armando García Juliana aseguró en su declaración que meses antes de que se produjera dicha decisión, Juan Soler se reunió con el propietario de la firma ganadora, Julián Vegas, también imputado ahora. En dicho encuentro, el entonces alcalde 'popular' "le comunicó" a este empresario que "había sido ganador de este concurso". Un proceso de adjudicación que se hizo "con el conocimiento y la conformidad del gobierno municipal y debido a la urgencia con la que se quería acometer este proyecto, no se realizó con todas las formalidades que un concurso de este tipo requiere", según declaró el funcionario y ahora recoge el reciente documento policial.
La Policía destaca la reunión que mantuvo el hoy senador con el empresario que ganó el concurso para anunciarle que era el vencedor antes del fallo
El informe detalla que, según el arquitecto municipal, las irregularidades no quedaron, ni mucho menos, ahí y que, de hecho, abarcaron también al concurso para adjudicar las obras, que finalmente se llevó Dragados SA. En este sentido, destaca que también se produjo un supuesto amaño en la redacción de los pliegos que permitieron que la oferta de esta constructora, que era la que ofrecía peores condiciones económicas de las cinco presentadas, fuera la ganadora. Además, recalca que esta empresa, uno de cuyos directivos declarará como imputado en los próximos días en esta causa, pudo incluso ser informada de manera previa del proyecto y, además, la mercantil "fue colaboradora activa" en su desarrollo del concurso, según se desprende de varios correos electrónicos de empleados municipales intervenidos durante la investigación. De hecho, destaca que "existía relación, más allá de los cauces formales" entre esta empresa y el Ayuntamiento de Getafe.
Por todo ello, el informe policial concluye que para terminar de confirmar la veracidad de la denuncia del arquitecto municipal es "oportuno" que el juez encargue a "los órganos de fiscalización o supervisión de la contratación de la Administración", en clara referencia a Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda) un informe sobre los pliegos de dichos concurso del Ayuntamiento de Getafe para constatar de modo pericial si "realmente éstos se han elaborado con la intención de adjudicar el contrato a una determinada empresa". También añade que como el funcionario asegura que el "quebranto" causado a las arcas públicas puede elevarse a los 250.000 euros, considera necesario que "otro órgano competente" haga una valoración de dicho perjuicio "así como su origen". El informe policial, fechado el pasado 10 de enero, no recoge sin embargo la declaración como imputado que el arquitecto municipal hizo ante el propio magistrado hizo el pasado lunes y en la que, según fuentes jurídicas presentes en la causa, éste ratificó todo el contenido de su denuncia sobre un supuesto pufo que acorrala a Juan Soler.
