Cada agresión a un funcionario de prisiones por parte de un interno será recogido en un “registro único y específico”, cuyo objetivo es mejorar la seguridad en el interior de los recintos penitenciarios. En él se distinguirá entre aquellos casos en los que el preso tiene intención de agredir y causar un daño al trabajador, de aquellos otros que se producen como consecuencia de su resistencia a cumplir una orden (negarse a salir de la celda, por ejemplo). En ambos casos el funcionario debe resultar herido para que el percance sea anotado. El incidente se recogerá, a la mayor brevedad posible, en un modelo de notificación común para todas las cárceles que deberá ser firmado por el subdirector de Seguridad o el Jefe de Servicio.
Así figura en el borrador del ‘Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros penitenciarios y centros de inserción social’ elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras un estudio de los incidentes ocurridos en los últimos meses que se han saldado con heridos. El registro pretende identificar entre las distintas actividades que realizan los funcionarios “aquellas que originan mayor número de conductas violentas por parte de la población interna, al objeto de facilitar que se establezcan medidas preventivas”. En lo que va de mes, el sindicato mayoritario ACAIP ha denunciado agresiones a funcionarios en el psiquiátrico de Fontcalent (Alicante), Tenerife II, Murcia II, Albocásser (Castellón) y Alicante II.
Instituciones Penitenciarias pretende determinar si existe un "patrón de incidentes" que permita establecer medidas de prevención
Un equipo multidisciplinar de Prisiones se reuniría de manera periódica para analizar los incidentes registrados y tratar de buscar características comunes (si tiene lugar en ciertos módulos o durante la celebración de actividades concretas, por ejemplo) para determinar si existe un “patrón de incidentes” que permita después abordar mejoras. “En el medio penitenciario existen determinadas reacciones violentas difícilmente previsibles y de difícil abordaje”, dice el protocolo, porque el trabajo de los funcionarios se realiza con personas que están recluidas contra su voluntad en un establecimiento donde se impone una convivencia forzada entre personas en muchas ocasiones “en situación de exclusión social, con problemas mentales o con consumo de sustancias tóxicas, con escasas habilidades sociales, con baja tolerancia a la frustración, escaso nivel de instrucción, etc”.
Circunstancias que obligan, según el documento del Ministerio del Interior, a que el “umbral de tolerancia frente a conductas o comportamientos que se aparten de lo razonable por parte de los internos debe ser más flexible, conscientes de la situación y proceso de reeducación y reinserción social en el que se hallan inmersos”. Así, se define violencia a efectos del protocolo “la agresión física ejercida por un interno que produce una lesión corporal en el empleado público penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo”.
La violencia verbal o gestual que no conlleve agresión física queda excluida del procedimiento, aunque ello no significa que dicha conducta no sea castigada según los procedimientos disciplinario y sancionador. “La Administración Penitenciaria –dice el texto- no tolera ningún tipo de agresión a los empleados públicos penitenciarios, para ello existe un procedimiento disciplinario que sanciona todas las conductas violentas (agresión, calumnia, insulto, falta de respeto…) que ejercen los internos sobre los trabajadores, de modo que estas infracciones no quedan impunes. El borrador dice que una de las medidas preventivas más eficaces es “el conocimiento del interno por parte del funcionario” porque ayuda a predecir comportamientos y reacciones violentas.
Críticas sindicales
“Hay agresiones que no se pueden prevenir, como que el interno reciba una carta en la que le notifican alguna mala noticia familiar y reaccione de manera violenta contra el funcionario –dice José Ramón López, presidente de ACAIP-, pero hay conductas violentas que sí se pueden prevenir con información sobre el interno que ahora no tenemos. Hay presos que nos llegan al módulo y no sabemos nada de ellos, si padecen una enfermedad que pueda favorecer conductas violentas, si tienen alguna adición, si han sido objeto de sanciones penitenciarias o tienen antecedentes por agresiones a funcionarios en otras prisiones”. López sostiene que el protocolo no es un auténtico documento de prevención. “Las agresiones son investigadas por la dirección del centro y en ellas no intervienen los delegados de prevención, de los que no se habla en el documento. El documento gira en torno al concepto de seguridad e ignora el de prevención de riesgos laborales”.
ACAIP presentó el pasado día 19 un pliego de alegaciones al protocolo (los sindicatos tenían de fecha límite el 20) en el que destaca que el “gran problema” del mismo es que “únicamente se contempla la agresión física que produce lesión”, quedando excluidas las agresiones psíquicas y otros incidentes físicos. “Quedaría fuera también otros tipos de violencia como amenazas –con un pincho, con un cristal roto, ejemplo tan común en prisiones- o verbalmente, coacciones, atentados, daños al propio patrimonio del funcionario (…) parecen las rebajas para los derechos de los trabajos penitenciarios”.
