Frente a contratos presuntamente amañados de eficiencia energética valorados en decenas de millones de euros, un supuesto botín de sólo unos pocos cientos de miles en otras irregularidades. Las actividades de la trama Púnica no siempre se tradujeron en beneficios de siete cifras. Un reciente auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, cifra en "un importe aproximado de 200.000 euros" el dinero que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, consiguieron con sus trabajos de reputación 'online' para cargos públicos. El supuesto pago con dinero público de dichos informes ya ha supuesto la imputación de varios políticos. Entre ellos están los madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, el murciano Juan Carlos Ruiz, y los leoneses Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez. Pese a la escasa cuantía del desvío de fondos, estas actividades centran la investigación en tres de las catorce piezas en las que está dividida el sumario.
El juez rechaza remitir esta investigación a los juzgados ordinarios, como pedía De Pedro
El escrito del juez Velasco en el que detalla esta cifra es un auto fechado el pasado 11 de octubre por el que rechaza la petición de Alejandro de Pedro y sus dos empresas, Eico Comunicación Online SL y Madiva Editorial SL, para que la investigación que les afecta fuera derivada a otros juzgados diferentes a la Audiencia Nacional al considerar que sus actividades bajo sospecha no tienen nada que vez con la trama de corrupción que encabezaban presuntamente Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado cree, sin embargo, que la conexión de las actividades de estos últimos con las del experto en reputación 'online' es clara y que, por tanto, debe seguir siendo él quien instruya la causa contra De Pedro y sus empresas.
En concreto, el juez Velasco destalla que, si bien las pesquisas se iniciaron a comienzos de 2014 después de que la Fiscalía Federal Suiza solicitara la cooperación de las autoridades españolas ante las "sospechas serias de blanqueo respecto de los fondos invertidos" sólo por "las actividades ilícitas" del ex secretario general del PP madrileño y el constructor, pronto las pesquisas se ampliaron "a un grupo organizado de personas y sociedades que presuntamente se enriquecieron prevaliéndose de sus posiciones de autoridad". En concreto, destaca que "la actividad de Alejandro de Pedro irrumpió durante las intervenciones telefónicas de David Marjaliza, preparando supuestamente la implementación en Valencia de los negocios de los colegios concertados" que son objeto de investigación en la pieza denominada Alfedel, en referencia a la empresa utilizada para estos supuestos amaños con centros educativos.
"Su propia hoja de ruta"
En dicho auto, el juez detalla que "durante el verano y otoño de 2014, la investigación de las actividades de Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso Conesa y de sus empresas Eico Online y Madiva Editorial tuvo su propia hoja de ruta" al detectar que supuestamente se habían 'infiltrado' "en las Administraciones autonómicas y locales". De ellas, presuntamente obtuvieron "contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de servicios de propaganda personales por EICO on line en favor de autoridades". Es en este punto donde detalla que hasta la detención de ambos a finales de octubre de 2014 habían cobrado "un importe aproximado de 200.000 euros".
El 'gurú' informático consiguió entrar en la administración gracias al "apoyo e inducción" de Granados
El magistrado destaca que la investigación adquirió por ellos "unos perfiles genuinos propios que han dado origen" a tres piezas separadas. En concreto, la número 2, referida a sus actividades ambos empresarios en la Diputación de León; la número 3, de sus tratos con el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena; y la número 10, sobre hechos referentes a "otras administraciones públicas y empresas", entre ellas la Comunidad de Madrid. Las dos primeras están a punto de ser concluidas y enviadas a juicio.
El escrito del juez Velasco detalla que la entrada de De Pedro y Alonso Conesa en consistorios y gobiernos regionales no hubiera sido posible sin el "apoyo e inducción" de Francisco Granados, el único cabecilla de la trama que sigue en prisión. El escrito detalla que gracias a éste último el experto informático y su socio "pudieron realizar los servicios de propaganda para diferentes autoridades del Partido Popular de varios territorios de España". Una "concurrencia de intereses" que el magistrado lleva más allá a considerar que el político y los dos empresarios participaron supuestamente en operaciones de blanqueo "a través de sociedades panameñas".
Comisión rogatoria a Panamá
En este sentido, el juez recuerda que el 20 de julio de 2015 remitió una comisión rogatoria a las autoridades del país centroamericano para indagar "en los pormenores del viaje que realizaron los tres sospechosos entre los días 2 a 7 de abril de 2013 a Costa Rica y Panamá" para ofrecer "sus servicios de asesoramiento político, publicidad y propaganda" a cargos públicos de estos países. De hecho, recuerda que la investigación ya ha permitido constatar que "desde hacía un año se venían satisfaciendo mensualidades de 12.906 euros por un contrato con la alcaldesa de Panamá [Roxana Méndez] sobre 'mapa de stakeholders, monitoreo y reputación digital' en términos muy similares a los que realizaba[n] para las autoridades españolas".
La Púnica había 'exportado' el negocio de la reputación 'online' a Panamá, donde trabajaron para la alcaldesa de la capital
Unos negocios al otro lado del Océano Atlántico que desembocaron en febrero de 2014 en la creación por parte de José Antonio Alonso Conesa, Adrián de Pedro, hermano de Alejandro y también imputado en la causa, y un empleado de EICO Online SL de una empresa en este paraíso fiscal llamada Bonanno Media SA. Por todo ello, el juez Velasco rechaza ahora de plano derivar la investigación sobre los trabajos de reputación 'online' para políticos a los juzgados ordinarios al considerar que existe una evidente conexión entre las actividades del 'gurú' informático y las de Granados y Marjaliza, aunque la cifra del 'negocio' fueron unos magros 200.000 euros.
