La dirección de Ciudadanos, después de dar marcha atrás y cambiar la actuación contra "corrientes de opinión" por "grupos organizados" en su ponencia de Estatutos para la IV Asamblea General (4 y 5 de febrero), mantiene todavía un punto que genera especial polémica y que es rechazado igualmente por los críticos del partido naranja. Se trata del endurecimiento, con respecto a la normativa interna vigente (la aprobada en el anterior cónclave en 2014), de las sanciones previstas en la comisión de infracciones graves, muy graves y leves.
En concreto, la propuesta del equipo de Albert Rivera, presidente de C's, contempla para las infracciones muy graves, entre otras sanciones, la "suspensión" de la condición de afiliado "de dos hasta cuatro años". Sin embargo, ahora el máximo de suspensión está en dos años. Además, en la misma categoría, los nuevos Estatutos establecen que la "inhabilitación" para cargo orgánico del partido sea por un plazo "de dos hasta cuatro años". En cambio, en la actualidad, el máximo aquí es un año de inhabilitación.
En cuanto a las faltas graves, el texto defendido por el vicesecretario general, José Manuel Villegas, en el Consejo General del pasado 17 de diciembre fija la suspensión de afiliación como mínimo en "seis meses" y podría ser de hasta "dos años". Ahora mismo se puede aplicar esta sanción por sólo un mes. Junto a ello, en las infracciones graves nunca se ha contemplado la inhabilitación, pero la dirección de C's quiere incorporarla en este supuesto por un plazo también de entre seis meses y dos años tanto para "cargos en el seno del partido" como "en representación de éste".
Y, por último, en las faltas leves, la normativa vigente no va más allá de la imposición de una amonestación. Sin embargo, el equipo de Rivera plantea que también haya "suspensión de militancia por un periodo de tiempo de hasta seis meses" e "inhabilitación" por el mismo plazo.
TranC'sparencia sostiene que el articulado sobre el "régimen disciplinario" y los "deberes de los afiliados" tiene "un carácter claramente inconstitucional"
Este endurecimiento de las sanciones ha sido denunciado por los grupos críticos Valores C's y TranC'sparencia en sus respectivas enmiendas a la totalidad a la ponencia estatutaria. De esta manera, piden que se mantenga el redactado que existe hoy día. Desde Valores C's consideran que este nuevo régimen disciplinario es "desproporcionado" y "puede coartar la libertad de expresión de los afiliados".
Por su parte, TranC'sparencia, que ha sacado adelante en las agrupaciones hasta 80 enmiendas, sostiene que el articulado relativo tanto al "régimen disciplinario" como a los "deberes de los afiliados" tiene "un carácter claramente inconstitucional". Respecto a la actuación contra la disidencia interna, TranC'sparencia considera que "la prohibición de corrientes de pensamiento es una muestra clara de que se pretende el 'pensamiento único' en la más peyorativa de sus definiciones, impidiendo la libertad de expresión el debate crítico como mecanismo de mejora".
Además, TranC'sparencia ha enmendado que en el procedimiento de los expedientes disciplinarios (salvo los relativos a las faltas leves, donde sólo se precisará la audiencia del interesado) se incluya que "la interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acuerdo sancionador hasta la resolución del recurso". Y añade que "las medidas cautelares continuarán" hasta esa resolución. Este grupo díscolo justifica dicha modificación en la necesidad de "evitar que el órgano que imponga una expulsión (que es el mismo que cuida de la admisión) utilice esta vía para eliminar" al disidente. Además, "se fuerza que los órganos de resolución de recursos funcionen correctamente", esgrime.
Temor a un "atropello"
Después de su aprobación en las cerca de 700 agrupaciones del partido naranja, más de 800 enmiendas a las tres ponencias de debate (Estatutos, estrategia política y valores) ha sido elevadas a las "Comisiones de Trabajo" que elaboraron las ponencias expuestas en el Consejo General y que se encargarán ahora de seleccionar las que consideren más representativas, de modo de que sólo 60 de ellas, 20 por cada documento, pasarán el filtro. Los críticos confían en que estas "Comisiones de Trabajo", cuya composición no es pública (aunque hay miembros de la Ejecutiva), incluyan sus enmiendas en dicha selección para poder debatirlas y votarlas -vía compromisarios- en el Congreso de febrero. Lo contraria, apuntan, sería un "atropello en toda regla" y un "escándalo mayúsculo".
