PP y Ciudadanos están a punto de cerrar la redacción de una reforma de los órganos reguladores, conforme a lo que reza en los puntos 12,13 y 15 del acuerdo de investidura sellado el pasado agosto. Así lo ha revelado este lunes el presidente de C's, Albert Rivera, en rueda de prensa, señalando que son el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el vicepresidente del partido de los liberales europeos, Luis Garicano, quienes están llevando el peso de las negociaciones para acometer, entre otras cuestiones, la creación de una autoridad independiente que revise las cláusulas bancarias "abusivas".
El líder naranja se ha referido aquí a las preferentes, las cláusulas suelo y las swaps (contratos de permutas de intereses) y ha apostado así por una modernización de la regulación del mercado bancario para que "no sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que tenga que venir a enmendar la plana", como ha ocurrido con su reciente fallo a favor de los consumidores en el caso de las cláusulas suelo.
Según ha explicado Rivera, Guindos y Garicano ambos estado hablando en las últimas semanas sobre el articulado del borrador de esta reforma. No obstante, el dirigente centrista ha insistido en que todavía no hay nada cerrado. Otro punto relevante aquí es la división de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos organismos: una "Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM)", que asumiría las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados y de resolución de conflictos entre operadores, y otra "Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo)", que adoptaría las funciones de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.
A este respecto, Rivera ha defendido que tal división es la esencia de su propuesta, pero se ha pronunciado en todo momento con mucha cautela, advirtiendo de que su partido es consciente de los diputados que tiene y que ahora habrá que negociar esta reforma no sólo con el PP sino también con PSOE e incluso con Podemos.
Una tercera medida de este paquete es "garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno", según reza en el pacto de investidura. "Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional en términos equivalentes a los que hoy tiene la AIREF, incluyendo su financiación con tasas establecidas por ley. Sus presidentes y sus consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos", recoge el acuerdo firmado el pasado verano. "Nosotros queremos un tribunal de la competencia fuerte, sin injerencias políticas", ha subrayado Rivera.
Así mismo, Rivera ha enumerado las cuatro prioridades que se ha fijado su partido para este comienzo de año. Así, ha hablado del impulso de medidas que modernicen el mercado laboral (con especial atención al caso de los autónomos), la educación, la economía (para acabar con el “capitalismo de amiguetes que hemos visto con las radiales”, ha dicho el líder naranja) y la democracia. Sobre este último punto, ha avanzado que C’s llevará al Pleno del Congreso el próximo febrero una Ley Anticorrupción para regular la protección del denunciante, establecer que los partidos sean responsables subsidiarios de la corrupción, suprimir los indultos por corrupción política y garantizar la independencia de los secretarios municipales
También en materia de regeneración democrática, Rivera ha explicado que la limitación de mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno que figura en el pacto con el PP es un “compromiso político” que sí afecta a Rajoy, al que le pedirán explicaciones al respecto si finalmente termina optando a la reelección. Cuestión distinta, según Rivera, y aquí ha reafirmado lo señalado la pasada semana por su número dos, José Manuel Villegas, es la cuestión legal: una nueva Ley de Gobierno (que sustituya a la vigente de 1997) no puede tener efecto retroactivo jurídicamente, por lo que el plazo de limitación empezaría a contarse desde el momento de la aprobación de la norma y no antes.
El líder naranja ha avanzado que si el PP no se suma a esta reforma -para la que no sería necesaria una reforma de la Constitución-, Ciudadanos buscará el apoyo de PSOE y Podemos. De igual modo procederá con la supresión de los aforamientos, aunque ello sí obligaría a una revisión de la Carta Magna. Y aquí el partido de Pablo Iglesias ha asegurado que forzará un referéndum para cualquier cambio en la Constitución, algo que rechaza C’s.
