La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014 se conocerá este lunes a las 13 horas, en presencia de los tres acusados.
La sentencia se dará a conocer a los acusados por lectura pública del presidente del TSJC y ponente de la misma, Jesús María Barrientos, en la sala civil y penal, la misma donde fueron a juicio, en el que los tres se enfrentan a condenas de inhabilitación por desobediencia y prevaricación de 10 años para Mas y de 9 para Ortega y para Rigau.
Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sentaron en el banquillo de los acusados en el juicio por la consulta del 9-N durante cinco días, del 6 al 10 de febrero. También declararon otros expresidentes del Parlament, Núria de Gispert y Joan Rigol; el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, el presidente del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pi Sunyer y el diputado del PDECat en el Congreso, Francesc Homs.
La Fiscalía cargó contra ellos por desoír el mandato del Tribunal Constitucional (TC), que había suspendido la consulta, y haber continuado con los preparativos. Así, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, en representación del Ministerio, pedía los 10 y 9 años de inhabilitación para los tres acusados principales. Por su parte, la acusación popular retiró el delito de malversación de fondos públicos y mantuvo la pena de inhabilitación propuesta para los acusados.
A criterio de la Fiscalía, el expresidente, "amparado simplemente en su voluntad, actuando con plena conciencia y voluntad, dejó de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo el mandato del TC". Además, "se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha”, añadió.
Con respecto a la exvicepresidenta Joana Ortega, el ministerio le achacó haber continuado con las labores administrativas pertinentes para llevar a cabo la votación, "pese a la suspensión acordada por el TC". Mientras que a Irene Rigau la señaló como responsable de que los directores de los centros públicos de secundaria garantizasen la disponibilidad para celebrar la consulta.
Por su parte, los acusados argumentaron que el 9-N era un proceso participativo "no vinculante", que no trascendería a ningún mandato democrático, sino que simplemente serviría para saber la opinión de los votantes. También quisieron descartar la acusación de desobediencia, afirmando que "no era un mandato expreso, concreto y terminante". "No se puede desobedecer lo que no es requerido", señalaban en sus escritos de defensa. Además, Mas aseguró en el turno de última palabra que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, sino que "plantaron cara" al Gobierno español.
Durante el juicio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, reprendió hasta en dos ocasiones a Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por interrumpir al fiscal en su exposición del informe sobre el 9N.
