No tienen información y no saben qué condiciones laborales tendrán en un futuro inmediato. No hay detalles ni luz sobre la nueva licitación que Muface anunció el 5 de noviembre cuando las aseguradoras se retiraron unánimemente del concurso público. Se trata de una situación de incertidumbre que ha llevado a miles de funcionarios a manifestarse. La crisis de Muface y la prestación de los servicios sanitarios para los empleados públicos es la gota que colma el vaso para un colectivo tan diverso como numeroso. Andalucía es la comunidad que puede resultar más afectada por la suspensión de esta prestación.
“No sabemos nada, no comparten ninguna información”, lamenta la portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Muface, María del Carmen Espejo. Por lo pronto, la suspensión de la prestación sanitaria no se hace efectiva y se prolonga –sin más detalles de temporalidad- las concesiones sanitarias como se venían prestando a los funcionarios.
La crisis de MUFACE, el sistema de mutualismo administrativo que proporciona asistencia sanitaria a funcionarios, amenaza con desbordar el sistema público de salud, especialmente en Andalucía, la comunidad autónoma con más mutualistas. De no alcanzarse un acuerdo con las aseguradoras, un total de 400.000 funcionarios y familiares pasarían a depender de la ya saturada sanidad pública.
En Andalucía, con una sanidad que lidera los rankings de listas de espera y más de un millón de personas pendientes de intervenciones quirúrgicas, la integración de los mutualistas sería un reto logístico y de recursos de gran magnitud para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “El sistema de salud ya está muy deteriorado y no podría asumir la integración de tantas personas, lo de pasar a todo el colectivo de funcionarios a la pública acabaría perjudicando a toda la población”, valora Espejo.
Un tira y afloja previsible pero inédito e indeseado
La licitación de la concesión de los servicios sanitarios quedó desierta, el Gobierno presentó una oferta con un alza de precios del 17%, insuficiente para las prestadoras. Ninguna de las tres principales aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, ha presentado una oferta ya que los precios que ofrece el Gobierno, aseguran, no ofrecen viabilidad a la prestación sanitaria que se presta a los funcionarios. Algo así nunca había sucedido.
"Esta situación es inédita, nunca había pasado algo así”, cuenta Espejo. Sin embargo, desde el Consejo General de Muface que integra al Gobierno, a la Administración General del Estado y a la representación social de los funcionarios, entienden que este pulso de las aseguradoras privadas que no han presentado oferta alguna era previsible; “pero nosotros esperábamos que imperara el sentido común y esta situación no hubiera llegado a este punto”, dice Espejo.
La situación es de extrema gravedad. Cientos de miles de trabajadores en toda España pueden verse desprovistos de un derecho adquirido hace décadas, desde CSIF recuerda que la asistencia sanitaria forma parte del patrimonio de los funcionarios, sin embargo, ese patrimonio puede ser hurtado.
La representación social recalca que la mutualidad permite descongestionar el sistema público y ofrece una asistencia sanitaria eficiente y económica. Esta semana, cientos de empleados públicos de Andalucía se han manifestado en la convocatoria de CSIF en las ocho provincias andaluzas y en distintas localidades de toda España. Piden reactivar la negociación de los conciertos sanitarios.
A juicio de CSIF, que es el sindicato que reúne a más afiliados provenientes sobre todo del tejido educativo, la crisis viene provocada por el Gobierno y por la insuficiente licitación, por lo que han solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Función Pública para garantizar la continuidad del modelo de mutualismo, de nuevo, sin respuesta por parte del Gobierno.
Pero la quiebra de Muface no solo evidencia la dificultad para negociar entre Gobierno y aseguradoras. Los funcionarios recalcan que la atención sanitaria lleva años perdiendo calidad asistencial. Espejo detalla los numerosos recortes en cuadros médicos ofertados y reducción de prestaciones que vienen dándose, sobre todo, desde 2020.
Además, CSIF reivindica presupuestos justos para 2025 que mejoren las condiciones laborales, salariales y de jubilación de los funcionarios y, sobre todo, una revisión salarial. Aseguran desde CSIF haber perdido poder adquisitivo, un 20% desde los recortes de 2010 y un 5% desde la última firma de convenio entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.
En este sentido, desde el colectivo de CSIF acusan al Ejecutivo de paralizar la Mesa General de las Administraciones Públicas, un foro que no ha sido convocado desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023. Con todo, los representantes de CSIF anuncian nuevas movilizaciones para el 16 de diciembre.
