La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que renuncia a su idea inicial de fijar un tope de 90 días al año para el roaming gratuito en la Unión Europea, pero plantea ligar a la residencia del usuario y al volumen de consumo en itinerancia nuevas salvaguardas para evitar "abusos" de los europeos cuando utilicen su teléfono móvil en otro Estado miembro.
La nueva propuesta de Bruselas, cuyos detalles deberán concretarse en los próximos meses en contacto con los Estados miembros, dejará en manos de las operadoras la vigilancia y la respuesta que dar si detectan usos abusivos del roaming libre de cargas adicionales.
Los nuevos criterios para medir el uso adecuado del roaming gratuito tendrán en cuenta factores de residencia o de "vínculos permanentes" a un Estado miembro.
El Ejecutivo comunitario se vio obligado a retirar su propuesta inicial de limitar el roaming gratuito a 90 días al año (con un máximo de 30 consecutivos) por las críticas recibidas desde las asociaciones de consumidores y desde el Parlamento Europeo, aunque mantiene que hubiera sido una respuesta "fácil" y "adecuada" a las salvaguardas necesarias para no desestabilizar el mercado.
Los nuevos criterios para medir el uso adecuado del roaming gratuito tendrán en cuenta factores de residencia o de "vínculos permanentes" a un Estado miembro, para controlar, por ejemplo, si el cliente tiene un volumen mucho mayor de comunicaciones en itinerancia que en su país de residencia.
Las compañías también podrán vigilar si una tarjeta SIM tiene una actividad casi nula en el país en el que ha sido adquirida y, sin embargo, se utiliza mayoritaria o completamente en modo roaming.
Sanciones
Según propone ahora el Ejecutivo comunitario, si una operadora considera que se está produciendo un fraude podrá exigir al usuario que dé explicaciones por el consumo en roaming o por el desplazamiento realizado, con el objetivo de establecer si el volumen está justificado. Si la compañía no da por buenos los argumentos del cliente podrá imponerle de manera automática un sobrecoste, que Bruselas propone que sea de un máximo de 0,04 euros por minuto de llamada, 0,01 por mensaje de texto y de 0,0085 euros por MB.
Si no hay acuerdo entre la compañía y el cliente, éste podrá recurrir a las autoridades nacionales competentes para que medien y decidan si se le deben devolver los costes adicionales que le haya impuesto la operadora.
Las operadoras también podrán suspender, con el permiso de las autoridades nacionales, la itinerancia "como en casa" si detectan un incremento de los precios en un mercado específico u otros efectos negativos para sus clientes nacionales. Para ello deberán demostrar que el fin del roaming pone en peligro su modelo de negocio.
Como ejemplo de situaciones en las que se dará por bueno que existen "vínculos estables" con un país que justifiquen el roaming gratuito el borrador comunitario señala a los trabajadores desplazados que vuelven con frecuencia a su lugar de origen o los estudiantes de programas como la beca Erasmus.
El vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha presentado la nueva propuesta en una rueda de prensa junto al comisario de Telecomunicaciones, Günter Oettinger, en la que han defendido la necesidad de establecer límites para proteger el mercado.
Ansip y Oettinger han marcado el 15 de diciembre como fecha tope para adoptar los nuevos límites a la comunicación en itinerancia sin recargos, con el objetivo de que haya tiempo de aplicar las disposiciones para el anunciado fin del roaming en junio de 2017.
