Los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han exigido al Congreso que legisle una prestación de ingresos mínimos, de 426 euros, que se prolongue mientras la persona carezca de empleo y recursos económicos, sea un derecho y no esté condicionada a la disponibilidad presupuestaria.
Toxo y Álvarez han explicado en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que se ha convertido en una proposición de Ley para ser debatida en el pleno del Congreso.
La prestación que plantean los sindicatos se dirige a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.
Presupuesto anual necesario
El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto es de unos 12.000 millones de euros, el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.
La financiación de esta prestación sería vía presupuestos generales del Estado y mientras en Andalucía habría 766.476 beneficiarios, en la Comunidad Valenciana afectaría a 256.749 personas, en la Comunidad de Madrid a 239.384 y en Cataluña a 196.447 personas.
Álvarez ha asegurado que se trata de dar "respuesta urgente" a personas sin ningún tipo de ingresos o con ingresos mínimos y ha explicado que surge ante las "importantes lagunas" que presenta el sistema de protección social.
Ha afirmado que ha cambiado el perfil de la pobreza y que los grupos tradicionalmente vulnerables se han extendido a otras categorías, que hasta ahora estaban "relativamente a salvo". El líder de UGT ha defendido que sea una prestación "intransferible e inembargable".
Por su parte, el secretario general de CCOO ha criticado que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de elaborar un mapa de las actuales prestaciones sociales y ha explicado que, tomando como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, la renta beneficiaría directamente a algo más de 2,4 millones de personas. "Es el momento de alinear la economía con las necesidades de las personas, que son graves", ha reclamado.
El dirigente de CCOO ha reconocido que, aunque se trata de una cuantía importante, es asumible teniendo en cuenta la dimensión actual del sistema de protección social y ha recordado el efecto macroeconómico positivo que desplegará sobre el consumo.
El requisito de carencia de rentas se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento y una condición necesaria es ser demandante de empleo al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Álvarez y Toxo han pedido a los portavoces parlamentarios que debatan la revisión de las prestaciones sociales que hay en España y confían en la "pluralidad política" del arco parlamentario.
Las posturas de los partidos
El portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PP, Ignacio Echániz, ha señalado que esta prestación podría comprometer los presupuestos y otras ayudas al Estado de Bienestar y ha recordado otros planes del Gobierno para ayudar a colectivos vulnerables como parados de larga duración o jóvenes desempleados.
Desde el grupo socialista, Rafael Simancas, ha afirmado que esta ILP es "bienvenida" porque cubre las necesidades de millones de hogares y ha dicho que en el trámite parlamentario pedirán un aumento de la cobertura y de la cuantía por hijo a cargo.
La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Isabel Franco ha afirmado que el Gobierno prefiere rescatar a los bancos que a las familias y ha pedido garantizar una renta básica universal e incondicional.
El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha criticado que se trate de una renta mínima con carga presupuestaria y ha señalado como solución avanzar más en el Plan de Activación para el Empleo.
Iñigo Barandiaran, del PNV, ha apoyado el establecimiento de una renta mínima avalada por más de 700.000 firmas pero ha criticado que la fórmula invada las competencias del País Vasco en materia de Seguridad Social, mientras el diputado de ERC Jordi Salvador ha argumentado la necesidad de prestaciones "paliativas" mientras no llegan otros instrumentos, como la reforma del IPREM.
El diputado del PDeCAT Carles Campuzano ha incidido en que el sistema debe facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral y ha pedido que la prestación fuera gestionada por las autonomías, mientras que la diputada de CC Ana Oramas ha recordado que se debe garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social.
