Nuevo varapalo judicial al presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, en vísperas del XVIII Congreso de su partido. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado una providencia en el que reclama a la Fiscalía Anticorrupción que le entregue "a la mayor brevedad" sus informes para actuar contra el jefe del Ejecutivo regional y contra la senadora Pilar Barreiro por sus supuestos tratos con la trama Púnica. La escrito del magistrado lleva firma del pasado 2 de febrero, el mismo día que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hizo pública su decisión asumir la investigar a Pedro Antonio Sánchez por cuatro delitos de corrupción en el llamado 'caso Auditorio'. El juez Velasco también se tendrá que dirigir a este órgano judicial para que actúe contra el político, al que un informe de la Guardia Civil lo considera responsable de un delito de fraude por sus tratos con la trama para contratar sus servicios de reputación 'online'.
El escrito del juez Velasco no cita expresamente a Pedro Antonio Sánchez ni a la senadora Pilar Barreiro, pero habla de "personas aforadas"
En la providencia, de un único párrafo de extensión, el magistrado reclama a la Fiscalía "dado el tiempo transcurrido" que presente sus "informes correspondientes" referidos a la pieza número 3 del sumario, en los que se investiga las 'andanzas' de la trama Púnica en Murcia, y en la que están imputados, entre otros, el 'gurú' informático de la red, Alejandro de Pedro, y el que fuera alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, considera por los investigadores el presunto 'conseguidor' de contratos públicos. En concreto el juez quiere aquellos referidos a las "personas aforadas" que han aparecido durante las pesquisas y que son, en concreto, el presidente de Murcia y su compañera de partido Pilar Barreiro. El escrito justifica las prisas "a fin de elevar las posibles exposiciones razonadas" a los tribunales competentes en cada uno de los casos. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el caso de Pedro Antonio Sánchez, y el Supremo en el de la senadora.
3.000 euros al mes
La supuesta relación de Pedro Antonio Sánchez con la trama Púnica salió a la luz poco antes de las elecciones de mayo de 2015 que lo auparon a la Presidencia de la Región de Murcia. Hasta entonces había ocupado el cargo de consejero de Educación del Ejecutivo autonómico. Como adelantó entonces Vozpópuli, una conversación telefónica entre Alejandro de Pedro y una de sus empleadas en EICO Online Reputation Management SL, la empresa dedicada a trabajos de 'reputación online', desvelaba que la trama estaba a punto de contar entre sus clientes con el político murciano cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones. Siempre según esta conversación, la mercantil de la red de corrupción iba a "limpiar para mayo" el historial en Internet del aspirante autonómico. La tarifa, 3.000 euros al mes.
La Púnica iba a "limpiar" la reputación 'online' de Pedro Antonio Sánchez para las elecciones de mayo de 2015 que le convirtieron en presidente de Murcia
Las sospechas se acrecentaron el pasado mes de mayo con el exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él desde su etapa en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entre ellas el 'caso Auditorio'.
La reunión de Madrid
Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en el Hotel de Las Letras, de Madrid, a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro siguió ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponía como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para la también 'popular' Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro.
Un informe de la UCO concluía que el hoy presidente de Murcia sería autor de un delito de "fraude" por sus tratos con la trama Púnica
El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en aquellas negociaciones de David Conesa, un miembro del equipo del presidente de Murcia que acompaña habitualmente a éste en sus desplazamientos. La UCO destacaba que De Pedro intercambió numerosos mensajes con este asesor en los días previos a cerrarse supuestamente el trato. David Conesa declaró como imputado el pasado 4 de octubre. Un día después lo hacía también como investigado un empleado de De Pedro, quien confirmaba al magistrado los supuestos tratos entre la red de corrupción y el actual presidente del Ejecutivo murciano. Se trataba, en concreto, de Francisco Javier Bueno González, quien ya había declarado como testigo ante la Guardia Civil poco después de las detenciones de octubre de 2014 y ante el propio magistrado en abril del año pasado. Ahora, lo hacía como 'arrepentido' para aportar valiosos datos que presuntamente reforzaban los indicios contra el político. El informe de la UCO adjudica a Pedro Antonio Sánchez la posible comisión de un delito de "fraude" por estos hechos.
