El auto de transformación de las diligencias previas de la pieza del 'caso Púnica' referida a las andanzas de la trama en León en procedimiento abreviado, paso previo a su envío a juicio, viene con sorpresa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha decidido aumentar el número de delitos de los que hace sólo menos de mes y medio acusaba a los cinco imputados en esta parte de la investigación, entre ellos dos ex cargos públicos del PP que se mantienen como alcaldes de sendos municipios de esta provincia. Se trata, en concreto, de Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación, y del actual alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. Al primero le acusa ahora de siete delitos que suman penas que puede llegar a los 25 años de cárcel tras incluirle uno de prevaricación continuada. El segundo pasa de tres a cuatro delitos, y un funcionario que está acusado junto a ellos, de dos a cuatro. El magistrado también ha aumentado el elenco de acusaciones para el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, y su socio, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, ahora señalados por cinco delitos.
Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación de León, está acusado de seis delitos tras añadir el magistrado el de prevaricación continuada
El escrito del juez Velasco conocido este miércoles se produce menos después de mes y medio de otro con el que el magistrado delimitó el alcance de la pieza 'leonesa' del sumario y detalló contra quién dirigía la investigación en este parte final de instrucción de la misma. En aquella, hacía un relato de hechos idéntico al del último auto, pero al enumerar los delitos supuestamente cometidos por cada uno de los cinco investigados era 'más blando' que ahora. Así, a Marcos Martínez Barazón le acusaba de fraude, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, revelación de información reservada y malversación de causales públicos. A todos estos delitos le suma ahora el de prevaricación continuada. Todos estos delitos suponen hasta 25 años de cárcel, además de multas y penas de inhabilitación.
Algo similar ocurre con el el alcalde de la pequeña localidad de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez García, quien cuando ocurrieron los hechos ejercía la labor de "coordinador" de prensa de la Diputación. En septiembre le imputaba fraude, cohecho y malversación de caudales. Desde este jueves suma también el de prevaricación continuada. Estos delitos pueden arrastrar penas que suman hasta 18 años de cárcel. Este alcalde fue el último en ser imputado y tuvo que comparecer a declarar por primera vez ante el magistrado el pasado 13 de septiembre, como adelantó Vozpópuli. Tanto él como Martínez Barazón fueron expulsados del PP tras su imputación, pero ambos siguen ocupando los cargos de alcalde de sus respectivos municipios, Puebla de Lillo y Cuadras, gracias al apoyo de sus antiguos compañeros de partidos que también han abandonado la formación 'popular'.
De dos a cuatro delitos
El delito de prevaricación continuada se ha sumado también alos imputados a los otros tres encausados. Entre ellos destaca el caso de Manuel Jesús López Sánchez, el interventor de la Diputación que, supuestamente, participó en el intento de amaño de un adjudicación en la estación de esquí de San Isidro. El juez Velasco le acusaba hasta ahora de los delitos de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En su último auto le adjudica también los de prevaricación y malversación de caudales públicos continuadas. En el caso de Alejandro de Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, les endosa cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos continuada, como hasta ahora, además de prevaricación continuada. A Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, las empresas del primero, también figuran como imputadas como personas jurídicas por un delito de cohecho.
El juez Velasco ya 'endureció' en septiembre las acusaciones que contra los cinco imputado que recogía el informe de la UCO que sustenta la investigación
No es la primera vez que el juez Eloy Velasco 'endurece' las acusaciones contra los dos cargos públicos. De hecho, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de junio de 2015 que sirvió de base para sustentar las acusaciones contra ellos y los otros acusados, adjudicaba a Marcos Martínez Barazón sólo cuatro delitos. En concreto, los de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación. No aparecían ni el cohecho ni el recién adjudicado de prevaricación continuada. Con Pedro Vicente Sánchez ocurría algo similar, ya que los agentes apuntaban en ese documento policial su posible responsabilidad en los delitos de malversación y fraude. Sólo dos que ahora se han convertido en cinco. Entonces, el informe de la UCO también señalaba a dos empresarios como presuntos implicados. A uno de ellos, el juez Velasco ni lo llegó a citar como investigado. Al segundo le levantó la acusación el pasado mes de septiembre al considerar que era una víctima de la trama y que había actuado engañado por ella.
