La Comisión Europea (CE) abrió hoy un procedimiento de sanción contra Alemania, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa por no sancionar a Volkswagen tras descubrirse que trucaba los motores de sus automóviles para superar las pruebas de emisiones en el laboratorio. Son las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), encargadas de la certificación y homologación de vehículos para comercializarse en el mercado único comunitario, las que deben castigar a los constructores que violen la legislación europea.
Pero la Comisión Europea sospecha que siete Estados miembros no fueron todo lo estrictos que cabría esperar con Volkswagen, una vez se descubrió en septiembre de 2015 -en Estados Unidos- que el grupo alemán utilizaba un software ilegal para que los coches no rebasaran en los exámenes técnicos los límites de óxido de nitrógeno (NOx) que sí superaban en carretera. La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, recordó que los fabricantes deben plegarse a las normas, y los países "garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan efectivamente con la ley".
En el caso de Alemania, España, Luxemburgo y Reino Unido, que homologaban ciertos modelos de Volkswagen para su venta en el mercado único europeo, la CE les reprocha no haber aplicado las penas correspondientes. Fuentes europeas precisaron a Efe que los vehículos que afectan a España son de la marca Seat y, en concreto, el modelo Eseo, aunque responsables de la CE están en contacto con las autoridades españolas para obtener "más información".
Desplazado a Bruselas con motivo de un consejo de ministros de la UE, el titular español de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que España estudiará la notificación de la Comisión ya que "el Ministerio de Industria ya inició expedientes informativos que pueden derivar en sanciones en relación con Seat, que es la empresa que tiene su domicilio en España en el grupo Volkswagen". "Informaremos a la CE de lo que se ha hecho y en su caso de las medidas que se puedan adoptar", agregó.
Respecto a Grecia, República Checa y Lituania, la CE les achaca no haber introducido dicha normativa europea en su legislación nacional, mientras que a Alemania y el Reino Unido, considera que se saltaron la ley al negarse a revelar "toda la información técnica recolectada en sus investigaciones nacionales". Por ahora, Bruselas ha remitido a los siete países afectados una carta de emplazamiento para solicitar información, que supone el primer paso del procedimiento comunitario de infracción para determinar si esos Estados miembros faltaron a su obligación de disponer o de aplicar un sistema de sanciones "efectivo, proporcionado y disuasivo".
El anuncio de la CE ha sido celebrado por la organización europea de consumidores, BEUC, que criticó que las capitales señaladas hayan optado por "proteger a la industria a expensas de los consumidores". En la misma línea, el centro de estudios Transport & Environment, que cifra en "más de 29 millones de coches diesel" los automóviles afectados en Europa, pidió a los reguladores que coloquen "la salud de los ciudadanos por encima de los motores". El grupo de los Verdes en la Eurocámara recordó que la mala calidad del aire causa 400.000 muertes prematuras al año en la UE, mientras que el Partido Popular Europeo pidió una armonización de la legislación para evitar "la naturaleza fragmentada" de las estructuras encargadas de hacer cumplir la ley.
En paralelo, pero también al calor del escándalo conocido como "Dieselgate", Bruselas trabaja para endurecer las normativas de control de emisiones, de forma que las mediciones de NOx y CO2 de los vehículos en el laboratorio se parezcan más a las condiciones reales de circulación. Esa normativa aún debe pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Si sale adelante, se aplicará desde septiembre de 2017 a los modelos nuevos de vehículos (que no a todos los que se fabriquen), y a todos los coches que salgan de fábrica desde septiembre de 2018. En Estados Unidos el fabricante alemán ha aceptado pagar 14.700 millones de dólares para cerrar el caso, mientras que en la UE por ahora el grupo solo se ha comprometido a reparar los coches afectados de aquí a 2017.
