Una empresa vinculada al hermano y al cuñado de Ignacio González cobró unos 4 millones de euros "directa o indirectamente" de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II a empresas del grupo ACS mientras el expresidente madrileño estaba al mando de la entidad pública.

Así consta en un informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Lezo, al que ha tenido acceso Efe, en el que se detallan sus sospechas sobre posibles dádivas en la construcción y gestión del Canal Golf.

La UCO detalla que en 2003, el mismo año en que González pasó a ostentar la presidencia del Canal, se adjudicó la obra del campo de golf a Dragados (del grupo ACS) por 40 millones de euros.

Luego, entre 2006 y 2007, cuando se estaba construyendo, la empresa Tecnoconcret, supuestamente dedicada a la consultoría de ingeniería, recibió 3,2 millones en concepto de ventas a Dragados, lo que podría obedecer, dice el informe a una subcontratación para la obra.

La Guardia Civil destaca que los administradores de esa empresa en esos momentos eran un hispanovenezolano vinculado a un hermano del expresidente madrileño, Pablo González, así como un cuñado de Ignacio González, José Juan Caballero Escudier, casado con la diputada del PP en la Asamblea madrileña Isabel González. Los tres fueron detenidos cuando estalló el caso en abril de este año.

Luego, explica el informe, se produjo la segunda fase de la adjudicación, un contrato de 3,2 millones que versaba sobre la explotación del Canal Golf y que recayó en un consorcio de empresas participado, entre otras, por la propia Tecnoconcret y por una empresa de ACS.

En un momento dado, Tecnoconcret se desvinculó de ese consorcio pero le facturó 620.000 euros durante un periodo coincidente con la vida del contrato.

"En definitiva, una sociedad vinculada al entorno familiar de Ignacio González habría obtenido importantes beneficios (4 millones de euros aproximadamente) directa o indirectamente de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II a empresas del grupo ACS en fechas en las que el presidente del Canal era Ignacio González", afirma como conclusión la UCO.

La Guardia Civil detalla que si bien González no presidía aún la empresa pública cuando se adjudicó el primero de los contratos, sí durante su ejecución.

"Este conjunto de circunstancias, a criterio de esta unidad, pone en evidencia la posible instrumentalización de estos procesos de contratación pública por parte de Ignacio González, generando dudas acerca del ajuste a la legalidad de los mismos", finaliza la parte del informe que trata sobre estas adjudicaciones.