En su comunicado, el sindicato ha señalado que el veredicto "es otro movimiento en una crisis de seis meses generada por el Gobierno", según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
"Este veredicto no distrerá al sindicato de los problemas fundamentales a los que hacen frente los periodistas, como la nueva Ley de Medios y la crisis económica", ha remachado.
Los acusados, Yehia Qalash, Jaled al Balshi y Gamal Abdel Rahim, tienen derecho a recurrir la sentencia, la primera contra un máximo responsable del Sindicato de la Prensa en sus 75 años de historia. El dictamen ha sido muy criticado por organizaciones de Derechos Humanos y abogados.
"Para empezar, el caso no debería haber ido a juicio", afirmó el sábado el abogado especializado en Derechos Humanos Gamal Eid, fundador además de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos. "La decisión tiene motivos políticos. No estamos hablando sobre derecho y poder judicial", argumentó.
El propio Qalash aseguró que "la cárcel es un precio que podemos pagar". "No me preocupa", apostilló en declaraciones a la prensa desde la sede del sindicato en la capital, El Cairo.
"Os pido que afrontéis los problemas de verdad (...), como la nueva ley de prensa (en trámite en el Parlamento), los derechos sociales y económicos de los periodistas o la modificación de los estatutos del sindicato", manifestó.
Otro de los condenados, Abdel Rahim, denunció la dureza de la sentencia que va "contra todos los miembros del sindicato y contra los periodistas".
En mayo, la Fiscalía presentó cargos contra los tres por alojar a compañeros perseguidos por las fuerzas de seguridad por difundir informaciones falsas.
El abogado de los sindicalistas, Sayyed Abu Zeid, rechazó entonces los cargos, vinculados a una operación policial realizada el 2 de mayo en la sede del sindicato para detener a dos periodistas afines a la oposición, Mahmud el Sakka y Amr Badr.
Qalash condenó la detención de El Sakka y Badr y dos días después de su arresto pidió la dimisión del ministro del Interior. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades la retirada de los cargos contra los sindicalistas.
