La Comisión de Propiedad Intelectual ha recibido hoy, en su primer día de funcionamiento, más de doscientas demandas, la mayoría en el registro de la Secretaría de Estado de Cultura y a modo de protesta contra este nuevo organismo.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura han precisado que en el registro se han presentado 210 denuncias, mientras que a través de vía electrónica se han presentado otras cinco.

Estas fuentes han señalado que las denuncias pueden ser presentadas -de forma física- en todos los registros de la Administración General del Estado, incluidas las oficinas de Correos, aunque en este caso tienen que hacerlo directamente los autores o sus representantes legales.

Pero, curiosamente, las primeras 200 demandas contra otras tantas páginas de internet que han llegado a primera hora al registro de la Secretaría de Estado han sido registradas por un mismo autor que, con esta iniciativa, ha querido expresar su protesta contra este órgano y hacer ver la imposibilidad de "poner puertas al campo", ha dicho a Efe.

Las 200 webs contra las que se dirigen las firmadas por Eme Navarro -la identidad del músico que "ha estrenado" el procedimiento- se "autoinculparon" cuando se aprobó el Reglamento que regula la comisión e incorporaron una canción de este artista que está protegida por derechos de autor en sus páginas.

Al margen de esta protesta, la asociación de Productores de Música de España (Promusicae) ha comenzado a presentar sus denuncias a través de vía electrónica -estos primeros días tiene prevista una docena con amplia documentación-, ha confirmado a Efe su presidente, Antonio Guisasola.

Ante la puesta en marcha de la Comisión, esta misma mañana ha cerrado una de las webs que iba a ser denunciada por Promusicae, que ya vio cómo cesaba en su actividad otra página de las mismas características el pasado día 28 de febrero.

En los próximos días se irán sumando otros colectivos de autores, como anunció ayer el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

La Comisión de Propiedad Intelectual, en palabras del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es un "ingrediente importante" en la lucha contra la piratería, pero no suficiente para resolver los problemas de la industria cinematográfica.

Ha sido durante el III Encuentro Anual de Productores Audiovisuales Españoles, celebrado hoy en Madrid, donde Wert ha hecho estas consideraciones.

Con el ministro ha coincidido el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, para quien la entrada en vigor hoy de esta norma es "un paso importante, pero no el definitivo".

Pero, en definitiva, se trata de una nueva etapa en internet que también hoy ha recibido duras críticas.

Para la asociación de consumidores FACUA, con esta medida el Gobierno pretende instaurar la "censura" en internet y "el estado policial del copyright".

Interrumpir una página web por un enlace a un contenido de terceros es "una vulneración del derecho a la información y atenta contra la esencia de internet", ha asegurado a Efe el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que ha animado a la industria cultural a cambiar su modelo de negocio y a crear plataformas de descargas a precios asequibles.

En el proceso, los jueces intervienen en dos momentos: uno, si el denunciante no puede identificar al responsable de la presunta infracción, y dos, para autorizar la retirada de contenidos ilícitos o la interrupción de la prestación del servicio.

Para los internautas, este control judicial es escaso y por ello han pedido al Tribunal Supremo que suspenda el Reglamento que regula la Comisión por entender que la norma atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas por ley a los jueces.

Para el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el sistema de intervención judicial previsto es correcto y está ajustado a la normativa europea de protección del derecho de propiedad intelectual y los de los usuarios de internet.