No hay una sola institución cultural pública que no haya perdido dinero en esta legislatura. El año pasado, en 2014, el Prado tuvo un déficit de 6 millones, seis veces más que el año anterior; el Teatro Real perdió, también, más de 6 millones; el Instituto Cervantes multiplicó por cuatro sus pérdidas. El caso más reciente ha sido el de la Real Fábrica de Tapices, una institución creada en 1720 por el rey Felipe V, con el objeto de hacer más confortables los, hasta ese momento, austeros palacios españoles. La fábrica consiguió que grandes artistas comenzaran a pintar cartones y bocetos para sus tapices; como fue el caso de Goya, cuyas creaciones pueden admirarse en diversos museos.
La Real Fábrica de Tapices casi se declara en concurso de acreedores. Cultura dio un aporte extraordinario de 300.000 euros: apenas el 5% del total de la deuda
Hoy se dedica al mantenimiento de esos tejidos. La semana pasada la institución casi se declara en concurso de acreedores debido a su imposibilidad de hacer frente a una deuda de 6 millones de euros con 52 trabajadores. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará una aportación extraordinaria de 300.000 euros. No hay que olvidar que eso supone apenas el 5% del total de la deuda y que se destinará para pagar nóminas. Esta cantidad se suma a los 180.000 euros ya abonados por parte del Ministerio en 2015 a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Tanto el Gobierno central, como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital acordaron la semana pasada realizar aportaciones económicas adicionales para asegurar el pago a los trabajadores y la continuidad de la Real Fábrica de Tapices, de cuyo funcionamiento depende la conservación de un patrimonio de valor histórico y artístico amenazado por la “mala gestión” de la institución, aseguran sus trabajadores. Sin embargo, la Real Fábrica es sólo un ejemplo más de la epidemia de números rojos que ha dominado la legislatura de los populares y que no distingue entre pinacotecas o coliseos, bibliotecas o archivos.
Los números rojos, los endémicos números rojos
“Hemos tocado fondo y todo el mundo lo sabe”. Así se expresó en septiembre del año pasado Manuel Borja Villel, director del museo Reina Sofía, quien anunció entonces pérdidas económicas de alrededor de un millón de euros para el museo y una caída de visitantes del 21%, con respecto al mismo periodo del año anterior. “Por no gastar, sólo nos queda no encender las luces”, dijo en aquel entonces, sarcástico, el gerente del museo, Michaux Miranda. El asunto tenía una respuesta clara. Las transferencias del Estado se habían reducido el 45% en los últimos años. Publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto, las pérdidas del museo del Prado multiplican por seis las del año anterior: 6 millones con respecto a los 1,1 de 2012. El Instituto Cervantes las multiplicó por cuatro –pasó se perder 4,5 millones en 2012 a 19,1 en 2013-.
El Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes en 2014 un informe de fiscalización en cuyas páginas detectó grandes pérdidas en las cuentas del Teatro Real durante 2012: 6.345.062,83 millones euros "antes de los ajustes del patrimonio neto", casi un 40% más que los resultados de 2011. En el estudio, se sugería a la institución adoptar "medidas urgentes", especialmente en lo relativo a grandes producciones, la mayoría de ellas deficitarias.
La epidemia de números rojos que ha dominado la legislatura de los populares no distingue entre pinacotecas o coliseos, bibliotecas o archivos
En ese informe se señala además que desde 2009 a 2012 los ingresos de la Fundación del Teatro Real, con sede en Madrid, fueron inferiores a los previstos en más de un millón de euros en 2009 y 2011, cifra que se elevó a los 4,5 millones de desviación en 2012, primer año de Gobierno del PP. Y la sangría no se detiene ahí. La Biblioteca Nacional de España multiplicó por siete sus pérdidas en 2013: 3, 5 millones de euros de resultado patrimonial negativo frente al medio millón de pérdidas en el ejercicio 2012 (557.745 euros en pérdidas). Estos números resultan mucho más alarmantes al comprobar que apenas en 2011, la institución había alcanzado beneficios de 3,1 millones de euros.
Además de los números rojos, algo más unifica el estado financiero de casi todas estas instituciones: la caída de las aportaciones del Estado, es decir la disminución de los aportes que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes asigna. De aquellos polvos vienen estos lodos. Para el año 2012, el presupuesto de la Secretaría de Estado de Cultura fue de 897,52 millones de euros, 25% menos que el año anterior.
Se suman otras variables importantes: el desplome de las visitas –en el caso de los museos- y de la taquilla en el de los teatros; además del escaso patrocinio privado y la intemperie total en la dotación de determinados mecanismos legales, por ejemplo: una ley de mecenazgo en condiciones. Lo más parecido a tal cosa quedó incluida en la reforma fiscal puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda . Pero qué hay realmente detrás de todo esto: ¿mala gestión de lo público o una idea equivocada del consumo cultural?
Algo más unifica el estado financiero de casi todas estas instituciones: la caída de las aportaciones del Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
¿Mala gestión? ¿Ausencia de instrumentos legales? ¿Es todo dinero?
Las prácticas de gestión de algunas instituciones culturales dejan mucho que desear, así lo ha hecho saber la Fundación Compromiso y Transparencia, en su estudio Los 10 mayores errores sobre transparencia, supervisión y buen gobierno 2011-2012. “En España, los órganos de gobierno de los museos están muy politizados y poco profesionalizados. ¿Cuántos políticos hay en el British Museum, la Tate Modern o la National Gallery? A nadie en Inglaterra se le ocurría la estúpida idea de incluir en un patronato a un cargo público o político, justamente porque se busca evitar la contaminación política de la cultura”, asegura Javier Martín Cavanna, director de esa fundación, quien asegura que los problemas de gestión comienzan desde allí: desde la poca transparencia.
Volviendo al tema dinero, después de examinar las cuentas de 2013 del museo del Prado, es posible ver que así como aumentan las pérdidas, los gastos del Prado se redujeron de manera estrepitosa, uno de los más visibles: el que corresponde a temas seguridad –las obras, en principio quedan vulnerables aden las consecuencias de ese recorte-: de una partida de 5.939.983,43 euros en 2012 a 1.841.273,83 euros en 2013, es decir, un 69% menos. Cuando se dio a conocer el Informe de fiscalización del Museo Nacional del Prado elaborado por el Tribunal de Cuentas el verano pasado, se exponían algunos aspectos mucho más preocupantes que la pérdida de dinero: los desaciertos en la gestión de la pinacoteca.
Las conclusiones de aquel documento apuntaban a inventarios incompletos; conservación y protección irregular de los bienes del museo; ausencia de normas internas, además de la polémica por las más de 800 obras desparecidas. A pesar de eso, los portavoces del Prado aseguran que la pinacoteca era un ejemplo de buen gobierno. Sin embargo, y volviendo a los números. Sólo en lo que a ventas se refiere, en 2013 la pinacoteca acumuló 13,4 millones frente a los 14,4 de 2012, es decir casi un 7% menos en lo que a taquilla se refiere. Era necesaria la mejoría en el diseño de una política de patronos. Sin embargo, el Prado puede que sea uno de los pocos museos que pueda sacar pecho con dos de sus donaciones más recientes: las de José Luis Várez Fisa y Plácido Arango.
Después de examinar las cuentas de 2013 del museo del Prado, es posible ver cómo aumentan las pérdidas, pero también cómo se reducen los gastos
En 2013, el empresario y coleccionista español José Luis Várez Fisa donó al Prado una docena de obras pertenecientes al Románico, así como a la etapa de transición del Gótico al Renacimiento, que abarca desde el siglo XIII hasta el XV. Se trata de piezas clave que ahora pasan a formar parte de la colección del museo. No era la primera vez que Várez Fisa –fallecido el año pasado- hacía una donación a la pinacoteca. En 1970 y 1988 donó al Prado el Retablo de San Cristóbal, anónimo español del siglo XIV, y San Cristóbal, de Orazio Borguiami.
El empresario Plácido Arango Arias donó hace unas semanas 25 obras que integran su colección de arte antiguo y entre las que se incluyen piezas de Pedro de Campaña, Luis Morales, Luis Tristán, Francisco de Zurbarán, Herrera el Mozo, Valdés Leal, Corrado Giaquinto y Francisco de Goya, entre otros, y que enriquece las colecciones del renacimiento y barroco español tanto por el número y calidad de las obras como por incorporar por primera vez ejemplos de destacados maestros inéditos hasta hoy en el Museo.
Esas donaciones hablan de un enriquecimiento de patrimonio de la pinacoteca, sin duda. ¿Por qué entonces las cuentas rojas? ¿la alarma del Tribunal se corresponde con semejante gestión del mecenazgo privado? Vale la pena examinar otro caso: el de la Biblioteca Nacional. En marzo de este año, el Congreso de los Diputados ha aprobó la Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) con la que se pretende dotar de autonomía a esta institución y devolverle su rango de Dirección General, del que fue despojada en 2010 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este instrumento la iguala al Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Teatro Real, que tienen leyes similares. Y sin embargo, el estado de sus cuentas es igual de complicado.
La Ley que regula la Biblioteca Nacional, que actualmente custodia y da acceso a 30 millones de documentos, permite una gestión más autónoma al tiempo que se mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En cuanto a sus órganos de gobierno, el Real Patronato pasa a ser el órgano rector colegiado con implicación directa en el establecimiento de directrices y actuaciones de la Biblioteca Nacional, así como una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio. En el régimen de ingresos, la Biblioteca podrá incluir los provenientes de actividades propias y de la cesión de espacios.
Eso quiere decir que podría externalizar servicios, como en efecto ya lo hace, una medida que afecta casi al 50 % de la plantilla, es decir, a 465 trabajadores de 48 empresas subcontratadas, según los datos recabados por UGT y CCOO, que han advertido del peligro que supone la política de externalizaciones en los servicios públicos. Entonces regresa la pregunta, ¿aumenta eso, realmente, la viabilidad económica de las instituciones? La pata que realmente salta en todo esto continúa siendo el marco de acción de una Ley de Mecenazgo, una legislación que abra la puerta a nuevos actores sin vender la institución al mejor postor y que el sector todavía reclama como una vía urgente de salida.
