Fernando Trueba, Víctor Manuel o Juan Mollá, así como representantes de distintas industrias culturales y las principales entidades de gestión de derechos de autores españoles, se manfiestaron este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde mostraron oposición a una Ley de Propiedad Intelectual que consideran "innecesaria y regresiva".
En respuesta, la Secretaría de Estado de Cultura ha subrayado que se mantendrá "abierta al diálogo" durante la tramitación en el Senado de la Ley de Propiedad Intelectual, y recuerda que desde ese organismo se han mantenido más de una treintena de reuniones con entidades de gestión para avanzar en el proyecto de ley.
Fuentes de la Secretaria que dirige José María Lassalle han indicado a la agencia de noticias Efe que siguen en disposición de mantener conversaciones con las entidades de gestión, autores, artistas y asociaciones, hasta que la ley llegue al pleno del Senado, a mediados de octubre.
Más reacciones y protestas
También este lunes, el presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha pedido en nombre de la industria cultural la "implicación directa" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la ley.
Los creadores han puesto de manifiesto que el actual proyecto de LPI "reduce las tarifas, cuestiona el sistema de recaudación y acecha a la propia gestión colectiva desestabilizando su estructura y alejándola de los países europeos".
En concreto, las entidades de gestión señalan que el sistema de compensación por copia privada, que pasó de ser soportado por los fabricantes de dispositivos digitales a estar a cargo de los presupuestos generales del Estado, ha causado un perjuicio de unos 100 millones de euros al año a los autores.
Desde la Secretaría de Cultura se explica que la compensación por copia privada no tiene una directiva de la Unión Europea que marque un rumbo fijo sobre este asunto, y señala, que por el momento, se ha establecido "un sistema transitorio" hasta que la Comisión Europea presente una propuesta de directiva que marque un rumbo normativo en esta materia.
Sin ser un ley intervencionista, apuntan las fuentes citadas por EFE, la LPI aspira a ser un recurso importante en la lucha contra la piratería en internet y en la protección de los nuevos modelos de negocio que se generan en el ámbito de la red.
