España es el tercer país de Europa, después de Italia y Francia, con la mayor cantidad de monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la actualidad suma un total de 47, el más reciente de ellos la Ciudad Califal de Medina Azahara erigida a mediados del siglo X como sede del Califato de Córdoba por la dinastía Omeya. Sin embargo, la inversión y dotación pública para la protección y conservación de ese patrimonio se ha desplomado en los últimos siete años hasta alcanzar diez veces menos de su inversión original: de los 45,9 millones de euros del año 2011 a los 4,4 millones de 2016.
Resulta paradójico que España posea tanto patrimonio y destine para su conservación tan pocos recursos. En el primer gobierno de Mariano Rajoy, la protección al patrimonio sufrió un recorte del 42,2%, pero fue mucho mayor a medida que transcurrieron las legislaturas. Si en 2011, la partida de era de 45,9 millones de euros en 2016 cayó hasta los 4,4 millones, aunque en los presupuestos de este año ha llegado a los 8,3 millones de euros. Es importante, sin embargo no confundir los términos.
La partida en concreto de protección se encuentra dentro de los programas dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, que este año aumentó su presupuesto un 10% hasta superar los 112,5 millones de euros. De ese total, la conservación y restauración de bienes culturales recibe un 5,9%, es decir 21,2 millones de euros a los que suma la protección del Patrimonio Histórico. Ese dinero debe compartirse además con Archivos y la Dirección General de Bibliotecas, también incluidas dentro de esa dirección general.
El reconocimiento del Patrimonio Mundial busca preservar el estado original y auténtico de sitios de relevancia para la humanidad y la cultura local. Generalmente la designación de este título “está vinculado a lugares de excepcional belleza que las personas, en virtud de dicha excepcionalidad, consideran que son dignos de conservar en su estado natural” o que merecen su preservación como espacio de memoria por lo que allí ocurrió o para concienciar sobre por qué no deben repetirse episodios de espolio o destrucción.
Un total de 15 ciudades españoles reparten los 47 monumentos. Entre los más conocidos se encuentran, por ejemplo, La Alhambra, las catedrales de Burgos y Sevilla, los monasterios de Suso y Yuso, también los centros históricos de Cáceres, de Ávila y de Santiago de Compostela. Incluso ciudades enteras como Toledo. El rango de monumento concede a la ciudad una visibilidad específica que aumenta las visitas por turismo, sin embargo impone una serie de obligaciones que las administraciones de esas ciudades están obligadas a cumplir, entre ellas, la protección de esos monumentos, ya que la Unesco se encarga de revisar periódicamente el estado de aquellos edificios
