El Pleno Extraordinario del Congreso de esta semana ha aprobado por unanimidad el Estatuto del Artista, una de las pocas herramientas en el que todas las fuerzas políticas han mostrado su acuerdo, desde el comienzo. ¿Cuál es la importancia y centralidad de este instrumento para que todos los grupos políticos consiguieran impulsarla?, ¿qué funciones tiene exactamente? y, sobre todo, ¿por qué es importante? Tomó año y medio de trabajo de una subcomisión integrada por parlamentarios y 31 representantes del sector y que produjo un total de 75 puntos que buscaban no subvencionar, sino proteger una serie de medidas que favorecieran a los creadores. 

La idea de crear una figura de este tipo surgió hace ya más de cinco años, cuando el Premio Cervantes Antonio Gamoneda aseguró que tendría que dejar de escribir ante la reforma de pensiones del gobierno de los Populares, que  prohibía a determinados autores cobrar a la vez su jubilación y los derechos de autor. Más de una docena de autores se vieron atrapados en esta disyuntiva:  José Caballero Bonald,  Antonio Gamoneda,  Eduardo Mendoza o Álvaro Pombo. Los escritores estaban obligados a elegir entre dos derechos: el que tienen como autores de una obra y aquel que les corresponde como ciudadanos, su jubilación, ya que no podían cobrar ambas al mismo tiempo, lo cual los dejaba en una indefensión económica manifiesta. 

¿Cuál es la importancia y centralidad de este instrumento para que todos los grupos políticos consiguieran impulsarla?

Para erradicar esa situación, el Estatuto del artista busca herramientas que permitan corregir esa incompatibilidad, además de la adaptación de la ley que regula el IRPF para que los artistas y creadores se puedan acoger a la exención del 30 %, así como otras disposiciones y propuestas: toda la cadena de valor de la actividad artística debe pasar de tributar del tipo general (21 %) al reducido (10 %); la incentivación de los rodajes cinematográficos con la eliminación de las obligaciones a las que debían acogerse las productoras para acceder a las deducciones fiscales para las producciones internacionales, así como la cotización de los artistas durante sus periodos de inactividad. 

El objetivo no es subvencionar, sino facilitar y proteger el ámbito de producción cultural, todavía más cuando España no goza de una Ley de mecenazgo, la gran promesa incumplida de los populares y uno de los lastres manifiestos con respecto al resto de Europa.  Hasta 2015, España se regía por Ley de Mecenazgo de 2002, que permitía a los particulares desgravar hasta un 25% de IRPF de lo aportado a instituciones artísticas, muy por debajo todavía de países como Francia (60%), Reino Unido (70%) o Italia (100%). Las condiciones no han sido hasta ahora propicias para la creación cultural y el Estatuto pretende conseguirlo. Queda por elaborar un reglamento, pero el punto de partida se ha convertido, ahora sí, en una realidad. 

Hasta 2015, España se regía por Ley de Mecenazgo de 2002. Se podía desgravar 25% de IRPF de lo aportado a instituciones artísticas, en Francia es 60% y en Reino Unido 70%

De las 75 medidas se han incluido aquellas que preparó la subcomisión en el congreso con mayor criterio de urgencia. La existencia de esta instancia, unida a una Ley de Mecenazgo, dinamizarían la producción cultural tanto para gestores como para creadores, en todos los sectores. No se trata sólo de propiciar la cultura, sino de fortalecer las condiciones para su tejido con medidas específicas que propicien la contratación de creadores y su inserción en un mercado más estable y de condiciones más propicias. 

Según el Anuario de Estadísticas Culturales 2016, 69,2 % del empleo en el sector es asalariado, cifra inferior a la observada en el total, 82,7 %. Es decir, con respecto a otros sectores hay más trabajo en Cultura, aunque en peores condiciones, entre otras cosas porque el empleo cultural se caracteriza por una formación académica superior a la media, con unas tasas más elevadas de educación superior, 67,8 % frente al 41,9 % del conjunto nacional. Son esos profesionales, justamente, los que trabajan en peores condiciones homologares a distintos ámbitos: legal, fiscal y económico  que el Estatuto del Artista podría, al menos, corregir, al menos en las áreas prioritarias.