Mis visitantes eran cuatro agentes de la UCO, la conocida Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El agente que parecía al mando del grupo me mostró brevemente su placa policial y me dijo que tenían que entrar. Les acompañaba una mujer, aproximadamente de unos cuarenta y pocos años, que se identificó como agente judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Aún desconcertado, sin todavía saber qué decir, y encima en pijama, el agente al mando me espetó:

-¡Tenemos orden judicial de registrar su casa!

En ese momento no me podía imaginar que ya, desde esos instantes, empezaría a construirse una sucesión de mentiras, irregularidades policiales y judiciales que irían concatenándose y cubriéndose unas a otras durante mucho tiempo.

Con este ímpetu, con ritmo de thriller policiaco, arranca Inocente, la novela de autoficción en la que Javier de la Vega, asesor de la familia de Mario Conde relata el proceso por el que fue acusado de ser el “arquitecto” de una trama internacional destinada a blanquear el dinero desaparecido del caso Banesto. El abogado estuvo dos meses en prisión provisional en las penitenciarias de Soto del Real y Valdemoro, y a los tres años se cerró el caso. A la euforia inicial por el sobreseimiento, le siguió un profundo agotamiento por el proceso. “No habíamos nada que no tuviéramos ya”.

En su obra denuncia el “mal funcionamiento y la instrumentación de algunos casos que van contra toda lógica jurídica: primero se buscan los culpables y después se construye el caso. En mi caso resultó todo ser, yo lo digo así crudamente, una auténtica farsa”, señala De la Vega en una entrevista con Vozpópuli.

"En la construcción del caso yo he dicho a veces en tono de broma, que casi nos faltaba la tonadillera y el torero. Porque realmente había de todo, había un personaje muy mediático como Mario Conde, había abogados, había banqueros de otros países, estaba el  Centro Nacional de Inteligencia.  Es decir, se construyó toda una serie de ingredientes que verdaderamente armaban un caso muy mediático".

"La trituradora" de la Audiencia Nacional

El abogado insiste en que su intención al escribir el libro no fue la de atacar instituciones, y apunta a la vanidad de algunos de los responsables de la justicia: “El hecho de que personajes de la justicia salgan en los medios de comunicación, ya no solo en publicaciones de actualidad o en diarios de actualidad, sino hasta en revistas del corazón… Es decir, yo creo que existiendo ese ego en determinadas personas, pues probablemente sea muy difícil resistirse. Un caso de esta naturaleza llevado por un determinado juez, un determinado fiscal abre los informativos, abre las portadas de los diarios durante semanas, incluso las redes sociales. Es decir, les proyecta una notoriedad verdaderamente enorme”.

Su caso acabó en la Audiencia Nacional, a la que denomina "la trituradora" por las medidas "extraordinariamente rígidas" con las que opera: "En mi caso, yo era una persona absolutamente desconocida, nunca había tenido proyección mediática y se me aplicaron unas medidas drásticas, más propias de un criminal peligroso. Verdaderamente existe una desproporción muy grande en las medidas que se adoptan".

Pena de telediario 

“La Fiscalía recurrió el auto de sobreseimiento, enrabietada por no haber conseguido la designación del segundo perito a la carta que desmontase el análisis del inicialmente nombrado, al que trató de destrozarle su impecable trayectoria profesional. La Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, lógicamente ni siquiera recurrió. La instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento el 31 de mayo de 2019, poniendo punto final a tres años de difamación, prisión, libertad provisional, vigilancia constante y sospechas de registros no autorizados, aderezado todo ello con intentos de manipulación de la ley, cuando no directamente de documentos prefabricados que pretendían usarse como pruebas de cargos.”

Las últimas páginas de la obra desprenden una profunda amargura tanto por el funcionamiento del sistema judicial como por el ecosistema mediático. De la Vega denuncia el desamparo ante la desigual atención y cobertura mediática en el momento de la imputación y el sobreseimiento. El letrado también apunta a la indefensión que supone “el dogma de la presunción de inocencia”. “Basta con que el locutor relate la detención de una persona anteponiendo el término ‘presunto’ para que se atribuya una patente de corso para dar sin pudor todos los detalles de una acusación que se dirige contra él”, reprocha a los medios. 

De la Vega contactó con medios de comunicación y Google para pedir, infructuosamente, la retirada de aquellas noticias en las que su nombre aparecía con un calificativo criminal. “Yo particularmente dudo de la eficacia del derecho al olvido porque realmente no existe”, señala. "Es paradójico que en una sociedad donde estamos tan obsesionados, y me parece bien, por la privacidad, se publican incluso documentos que el propio juez declaró secretos, como fue en este caso. El propio juez Santiago Pérez declaró el secreto de las actuaciones y por la noche subió a su cuenta de Twitter el documento".

De la Vega también reclamó una indemnización al Ministerio de Justicia de la que todavía no ha recibido respuesta. Como tampoco tuvo contestación del Colegio de Abogados de Madrid, que según el letrado, ignoró su existencia.

Algunos amigos o aquellos que parecían serlo, se quedaron también en este proceso, del que aprendió que la cárcel es un lugar de "absoluta soledad" a pesar de estar rodeado de personas.  Sus semanas en prisión le sirvieron para extraer la conclusión de que los centros penitenciarios no eran más que "aparcamientos de personas", un elemento anacrónico, de naturaleza medieval.

El jurista cierra su alegato de inocencia explicando su absolución gracias a la fortuna de contar con los recursos necesarios, la suerte de tener buenos abogados, “la suerte de contar con una familia y pocos amigos leales, y la suerte de haber nacido en un entorno donde mi familia pudo darme la educación suficiente como la mejor arma para poder enfrentarme a lo que jamás habría imaginado”. 

El autor niega que exista un verdadero sistema de reinserción y concluye con un duro párrafo acordándose de todos aquellos que en muchas ocasiones no cuentan con dichos recursos. “Reclusos que, sin ofrecer ninguna peligrosidad ni provocar alarma social por su completo anonimato, se ven aparcados en el pudridero de un sistema penitenciario obsoleto y manifiestamente desfasado. Unos tiempos donde avanzamos en el uso de la inteligencia artificial pero que demuestran que nos hemos quedado anclados en la Edad Media en muchos aspectos de la justicia y el respeto a los derechos humanos”.

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