La galerista Oliva Arauna, propietaria del local del mismo nombre que fue precintado por el Ayuntamiento de Madrid a finales de septiembre, ha emprendido un proceso judicial contra el consistorio para que se levante el cierre que este ordenó "por no respetar la fachada original del edificio".
Tal y como ha explicado la galerista, aunque en un primer momento el consistorio mostró su interés por llegar a una solución, finalmente el personal de la Comisión de Patrimonio Artístico de Madrid (CIPAM) descartó cualquier posibilidad de acuerdo. "Tras varias negociaciones el entendimiento no ha sido posible, por eso ahora el asunto está en manos de un juez. Hemos pedido el levantamiento del precinto, y ahora estamos esperando las alegaciones del ayuntamiento", ha afirmado Arauna.
Ni siquiera el apoyo "hasta el alma" del delegado municipal de Las Artes, Fernando Villalonga, que desde el primer momento mostró su desacuerdo con el precinto, ha servido para limar asperezas, aunque él, precisa la galerista, "nunca le prometió nada".
Mientras tanto, el arquitecto de Arauna, Ignacio Vicens, ha emprendido un proyecto para cambiar la fachada del local sellado, situado en la madrileña calle de Barquillo, y que en su día él mismo diseñó.El aspecto minimalista de la entrada, con un cristal opaco enmarcado en negro, dará paso a uno mucho más clásico, cuando se retranqueen los laterales de la fachada, la puerta central se cubra con piedra y el rellano que hay frente a ella pase a ser una rampa.
"Va a parecer un castillo", apunta Arauna con ironía, ya que es contraria a esta obra, pero "necesaria" si quiere obtener el permiso del Ayuntamiento. "Ahora sólo espero que el juez sea sensato, y me deje abrir la galería cuando sepa de estos cambios", afirma Arauna. De ser así se daría una situación contradictoria, ya que podría reabrir la galería con el aspecto actual mientras el consistorio madrileño tramita la licencia de la obra.
La galería no ha cerrado porque no ha faltado el trabajo, acudiendo a foros y ferias de arte dentro y fuera de España, aunque la incertidumbre que afecta a su futuro dificulte las tareas de "programación" a su propietaria.
