“Los moros, después de cerciorarse de que el barco traía los cuatro millones, mitad en duros, exigieron la entrega de los trescientos presos moros de Melilla y Ceuta. No había más que unos treinta y amenazaron con romper el trato”. “El señor Echevarrieta apeló a Abd-el-Krim que permanecía y permaneció todo el día oculto en su casa y se convino en embarcar una parte de los prisioneros.” Estos eran algunos de los párrafos con los que el 1 de febrero de 1923, el diario ABC informaba sobre la liberación de más de 300 españoles que permanecían retenidos desde el desastre de Annual ocurrido año y medio antes.
El asunto más espinoso de los últimos meses para el ministerio del Interior ha sido la tragedia en la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, que dejó al menos 23 muertos. En esta tragedia que ha puesto en un brete a Fernando Grande-Marlaska ha trascendido las fronteras nacionales, por investigaciones periodísticas internacionales, y España y Marruecos han actuado como aliados, ¿cómplices?.
Hace justo 100 años, las implicaciones por los asuntos marroquíes eran mucho más intensas con gobiernos cayendo como fichas de dominó. El 7 de diciembre de 1922 se formaba el que sería el último gobierno constitucional del régimen de la Restauración. El gobierno conservador de José Sánchez Guerra había caído y Manuel García Prieto encabezó un gabinete conformado por todas las facciones liberales.
El asunto político del momento que precipitó el fin del último gabinete conservador era la llegada a Cortes del expediente Picasso, la investigación sobre las causas del desastre de Annual. En julio de 1921, el ejército español había sufrió a unos 80 kilómetros de Melilla la mayor derrota de su historia colonial, con 10.000 militares españoles masacrados por los rifeños. En aquel momento se debatía si las responsabilidades debían limitarse al ámbito militar o elevarse hasta la esfera política, e incluso, más grave para el sistema, si se debía investigar al Rey.
Protectorado de Marruecos
En la era colonial en la que Europa se repartió el mundo, España había conseguido un territorio en la costa norte de Marruecos. Unos 20.000 kilómetros cuadrados montañosos sin demasiado valor y con unas tribus locales que plantaron cara a la presencia española. Un terreno difícil de colonizar que supuso un enorme gasto económico y de vidas humanas. Annual evidenció la ineficacia, desorganización y corrupción del Ejército español, y avivó el debate político sobre qué hacer en Marruecos: limitar la presencia española en Marruecos o emprender una conquista total.
Los dos años siguientes al desastre, Annual siguió marcando la política española y multiplicó las protestas antimilitaristas. Ahora las clases medias también protestaban por el reclutamiento mediante el sistema de cuotas por el que sus hijos se podían ver en el frente, aunque con unas condiciones mucho más favorables que las clases bajas. Sin embargo, lo más peligroso para el régimen fue el creciente malestar dentro del propio Ejército.
Más de 300 cautivos
A pocas semanas de llegar al poder, el nuevo gobierno liberal se pudo apuntar el tanto de la liberación de los 326 prisioneros que seguían en manos del líder rifeño Abd el-Krim. Los anteriores gobiernos conservadores no habían marcado un plan de actuación claro. Según señaló el historiador Stanley G. Payne, parecía que los gobiernos conservadores acataban el ideario del grupo activista de los africanistas, consistente en que los prisioneros tenían que ser rescatados, no comprados; aunque, por otro lado, no ponían los medios para someter a los rebeldes rifeños.
La liberación fue aplaudida por la mayoría de los medios, incluidos los conservadores que durante meses habían apostado por el uso de la fuerza
La llegada de los liberales supuso una racionalización del procedimiento de rescate. El gabinete se propuso unificar la actuación, en la que entonces participaban hasta seis personalidades y entidades, lo que para los rifeños se convertía en una puja que encarecía la liberación. El elegido del gobierno fue Horacio Echevarrieta, un interesantísimo personaje, diputado republicano, propietario de medios de comunicación y constructor naval. El empresario fue escogido por su amplio conocimiento de la zona en la que había realizado negocios, y, especialmente, por ser el hombre al que Abd-el-Krim había solicitado meses antes.
La principal condición del líder rifeño era no ver a un solo militar en la operación y que Echevarrieta fuera el único interlocutor. En enero de 1823, el bilbaíno contaba con plenos poderes por parte del Ejecutivo español, y partió hasta Alhucemas. Finalmente, el rescate de los 326 españoles costó 4.270.000 pesetas más la liberación de cerca de un centenar de rifeños.
Como recogió el historiador José María Marín Arce, la liberación fue aplaudida por la mayoría de los medios, incluidos los conservadores que durante meses habían apostado por el uso de la fuerza. Pero los aplausos iniciales enseguida se convirtieron en una campaña de exaltación del Ejército que presentó la liberación como un atentado contra la dignidad nacional. Uno de los que felicitó al ministro de Estado, Santiago Alba, fue el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que en el mes de septiembre de ese mismo año dio un golpe de Estado e instauró una dictadura de más de siete años.
