A la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no paran de crecerle los problemas, por más que se empeñe en afirmar lo contrario. Seis años después de la Operación Saga, en 2011, se destapa ahora la trama de La Rueda de las Televisiones, una red de empresas que sirvió a un grupo de socios para desviar dinero por derechos de autor. Con esta estructura que mezcla a autores, intermediarios y editores, muchos se dedicaban a registrar como obras nuevas pequeños arreglos o cambios mínimos en composiciones de dominio público, las cuales eran emitidas durante las franjas horarias nocturnas en las cadenas de televisión. Registraron más de 20.000 obras y consiguieron facturar alrededor de 100 millones de euros entre los años 2006 y 2011, según indica el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el auto de la causa. El asunto viene de lejos y eran muchos los que habían denunciado lo que ocurría, el primero Antón Reixa, ex presidente de la SGAE, en 2013.
El asunto viene de lejos y eran muchos los que habían denunciado lo que ocurría, el primero: Antón Reixa, ex presidente de la SGAE
Durante el mes de junio de este año, el grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Policía Nacional registró la sede de la SGAE así como algunas televisoras. Fueron detenidas 18 personas, entre los que se encuentran los socios Rafael de Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, quienes ya habían sido señalados por Antón Reixa cuatro años atrás. Ese mismo año, el entonces presidente de la entidad fue expulsado y desconocido por la Junta Directiva. Él mismo lo denunció: alguien estaba interesado en que dejara de husmear sobre aquellas anomalías -a las que llamó así, la Rueda de las Televisiones- para cuyo esclarecimiento, por cierto, se creó una comisión de investigación de la que llegó a formar parte el propio José Miguel Fernández Sastrón, en aquel entonces vicepresidente y hoy presidente de la entidad. Tras la salida de Reixa, la SGAE echó para atrás la comisión. Sin embargo, fuentes de la SGAE niegan que la salida de Reixa tuviera relación alguna con el tema, sino con su gestión como presidente y las desavenencias con su propio grupo.
En 2012, la SGAE detectó una serie de registros carecían del contenido creativo suficiente, o que motivó la "apertura de los correspondientes expedientes sancionadores"
Sobre la comisión, la propia institución asegura que en el año 2012 detectó una serie de registros carecían del contenido creativo suficiente, o que motivó la "apertura de los correspondientes expedientes sancionadores". Fruto de estos expedientes, explica la SGAE, "los indicados registros quedaron anulados y se retiraron los ingresos obtenidos a partir de los mismo. Esta es la actuación interna llevada a cabo, sin que se llegará a presentar denuncia alguna ya que el hecho investigado se entendió que no tenían consecuencias penales".
Muchas de las informaciones que hoy recoge el juez Ismael Moreno ya las había apuntado Reixa en aquellos años
Muchas de las informaciones que hoy recoge el juez Ismael Moreno ya las había apuntado Reixa en aquellos años. Por ejemplo: que Manuel Carrasco figuraba como administrador de cuatro compañías, entre ellas Centauros Unión, que recaudó 439.817 euros en 2005 y otros 5,3 millones que amasó desde el año siguiente hasta 2012. A esa se unían Glory Music, con unas ganancias de 1,34 millones; Eurodelta Music, con 313.440 euros y Misha Enterprise, con 264.067 euros. Ese fue –de acuerdo con la documentación judicial- el caso de Fernando Bermúdez, que además de aparecer como apoderado en Eudodelta Music, una de las empresas controladas por Manuel Carrasco, era administrador único de Fabb Gestión de Autores (recaudó 1,47 millones). Otros supuestos autores son Gloria Tubio, la madre de Manuel Carrasco, o Ana Beltrán, la esposa de Fernando Bermúdez, a quienes ambos hicieron pasar como compositores. A ellos se sumaría Ismael Serrano. De momento los tres han pagado la fianza de 100.000 euros para no ir a prisión, pero la investigación continúa en marcha pues la trama habría operado en varios niveles.
Otros supuestos autores son Gloria Tubio, la madre de Manuel Carrasco,a la que hicieron pasar por compositora
La justicia imputa a estos socios la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios, así como estafa y pertenencia a organización criminal. Se les acusa no sólo de registrar como propias otras composiciones –Mozart o Bach, por ejemplo-, sino de formalizar acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, que cobraban un porcentaje de los derechos de autor de dichas obras, según describe el auto del juez. Esa repercusión financiera tiene un agravante, porque desvirtúa la representación dentro de la propia entidad, ya que en la SGAE el número de votos y el poder de decisión de sus socios en la Junta Directiva es proporcional a cuánto perciben por derecho de autor. Más votos tienen quienes más dinero ganan.
A falta de Canon, ¡tele!
Tras la eliminación, en 2012, del canon por copia privada que puso en marcha el gobierno del PP al contemplarlo en los presupuestos –la reciente medida adoptada la devuelve a los dispositivos y distribuidores-, el pago de las televisoras y las radios por emisión de música se convirtió en la mayor fuente de ingresos de la SGAE. El año pasado, en declaraciones concedidas a este diario, Sastrón aclaró entonces a Vozpópuli que estos suponían cerca del 50% del dinero percibido, especialmente el que corresponde a la música que se emite en las franjas nocturnas: desde las tres hasta las seis de la mañana, las cuales fueron modificadas para que sus tarifas fueran más altas que aquellas que se emitían en prime time. Antón Reixa denunció en una carta esta práctica concreta. Lo dijo entonces: mucho socios se valían de e ese mecanismo para crear empresas que componían música exclusivamente para ese tramo.
A ese elemento toca añadir uno más: la estructura de la entidad. Bajo el paraguas de la SGAE se cobijan los derechos de músicos, compositores, autores dramáticos, letristas, arreglistas, guionistas de cine, televisión y radio, autores de bandas sonoras, directores cinematográficos, realizadores audiovisuales, etc. Para ordenar este amplio universo, los socios en la SGAE se agrupan en el Colegio de Gran Derecho, Colegio de Pequeño Derecho, Colegio Audiovisual y Colegio de Editores Musicales. Actualmente, la entidad representa a más de 120.000 socios y gestiona un repertorio de más de cinco millones de obras registradas. Uno de los principales argumentos de algunos socios, entre los que en su momento se encontró Fernando Bermúdez –ahora investigado-, era la denuncia de un supuesto lobby de los editores, es decir, las transnacionales agrupadas todas en un mismo bloque, quienes imponían su música sobre las creaciones de los autores para las franjas horarias. A la luz de la información que sale a luz pública, salta a la vista que tras aquella guerra existía otra.
La trama de la Rueda de las Televisiones distribuía el dinero a través de tres grupos diferentes: autores, intermediarios y televisiones
Según los datos comunicados tras la intervención policial y de la fiscalía, la trama de la Rueda de las Televisiones distribuía el dinero a través de tres grupos diferentes, que operaban a la manera de una cadena de engranajes: el de los compositores que crean temas encargados por intermediarios, quienes -a su vez- los registran en la SGAE a nombre de falsos autores o familiares y finalmente, las cadenas de televisión que pactan el uso de esas composiciones, de las que reciben un porcentaje de los ingresos que generan esos encargos. A la manera de una tarifa plana. En esa distribución sólo ganan dinero aquellos socios que se dedican al entramado: al ganar más, ganan más peso político. De momento, y como informó la agencia EFE en su momento, la Policía ha solicitado información, entre otras cadenas, a TVE, Telemadrid, Euskal Irrati Telebista (EiTB), Castilla-La Mancha Televisión (CMM), Radiotelevisión Canaria, Televisión de Aragón, TPA, del Principado de Asturias, televisión autonómica Murcia 7RM, la andaluza RTVA y la balear IB3. La intención es aclarar quién o quiénes estaban involucrados.
Autores estafados
La Coalición Autoral (CoA), que agrupa a una serie de socios que han decidido unirse para fiscalizar a la entidad, se planta en sus argumentos frente a este hecho. Aseguran haber sido víctimas de una estafa y piden que se endurezca el reglamento de la SGAE y que se propicie la transparencia dentro de la institución. En un comunicado firmado el día 25 de junio, y que suscriben más de 200 socios, aseguran que muchas de las "prácticas oscuras y presumiblemente de carácter ilegal y fraudulento que, al calor de la denominada Rueda de las Televisiones", ya habían sido señaladas anteriormente por ellos.
Los socios de SGAE agrupados en la plataforma CoA denunciar haber sido estafados, al ver mermados sus ingresos por concepto de "rendimientos del derecho de autor"
Denuncian ser "víctimas de los delitos de estafa y fraude cometidos por programadores e intermediarios de las televisiones, productores y editoriales relacionadas con las diferentes cadenas de televisión, con la evidente complicidad de un puñado de falsos autores". Los socios de SGAE agrupados en esta plataforma señalan que no sólo han visto mermados sus ingresos por concepto de "rendimientos del derecho de autor", sino que han sufrido directamente en su representación ante los órganos de gobierno de la entidad, que ha quedado desvirtuada debido al principio de recaudación que determina el derecho al voto de unos y otros.
La Coalición de Autores suma un reproche adicional, que señala directamente a los órganos de gobierno de la entidad: "Si la Junta Directiva siguiese mostrando su incapacidad para reconducir la situación, democratizar la entidad, profesionalizar su gestión y realizar un reparto justo de los Derechos de Autor, recurriremos a cuantas instancias sea necesario". La advertencia deja en evidencia a una institución que ya estaba al tanto de muchas de estas denuncias y de la que incluso su actual presidente tenía conocimiento por haber formado parte de la comisión que organizó Antón Reixa para esclarecer qué autores incurrían en prácticas poco transparentes.
Habla la SGAE
Apenas dos días después del registro policial de su sede, la SGAE celebró su junta anual para la aprobación de las cuentas. José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la entidad, aseguró a los socios que la institución prestaría su total colaboración con la justicia para esclarecer las responsabilidades en un tema que afecta, directamente, al conjunto de los socios.
Las SGAE sin embargo, desagrega los temas sobre el tapete. "Bajo el nombre de la rueda se recogen distintas conductas que deben tener tratamiento diferenciado. Por un lado, está el tema de los registros de versiones de obras en dominio público con un escaso valor creativo; por otro la utilización, que en algunos casos se puede calificar de abusiva, de las normas de reparto de los derechos de televisión, que han podido hacer determinadas editoriales de televisión junto con algunos autores socios de la entidad", aseguran las fuentes vinculadas con la entidad consultadas por Vozpópuli.
Por último, aseguran está la "concertación que algunos autores, junto con editoriales de televisión y trabajadores de las mismas, hayan podido llevar a efecto para, mediante actividades presuntamente fraudulentas", para colocar sus obras en la programación de televisión, asi como para defraudar o evadir fiscalmente los ingresos obtenidos de todo ello. "Esta última de las actividades es la que, de acreditarse, sería propiamente delictiva".
Sí, el gobierno sabía
Si ya en el año 2013 habían trascendido las denuncias de Reixa, ¿cómo el ministerio de Educación, Cultura y Deportes no actuó antes? ¿Tenían conocimiento de ello? ¿O tuvieron noticia mucho después? Fuentes del ministerio aseguran haber tenido noticia de la trama de la Rueda a mediados de diciembre de 2015. "En ese momento el caso estaba judicializado. Desde el ministerio no podíamos intervenir en una causa judicial abierta, así que instamos a la SGAE que acudiera al arbitraje y que se digiera a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que está por pronunciarse".
Tras la reforma Ley de Propiedad Intelectual, cuyo nuevo texto endurece las medidas para fiscalizar a las distintas entidades de gestión, el ministerio de Educación, Cultura y Deportes tiene tres posibles medidas para aplicar: revocar de la licencia para tramitar los derechos de Propiedad Intelectual; intervenir a la SGAE o abrir una expediente sancionador y una multa de hasta un 2% de la facturación total de la entidad según la cantidad del año anterior, es decir, 4.9 millones de euros si se toma como referencia las cuentas de 2015: 246,8 millones de euros.
"Esas tres medidas nos parecen muy invasivas y afectan al conjunto de los asociados (120.000). De momento, se está valorando con los servicios jurídicos del Estado qué pasos podemos dar, ateniéndonos a o que establece la ley las opciones que tenemos afectarían. Es un tema que nos preocupa, porque se trata de cómo ese está actuando", aseguró a Vozpópuli el portavoz autorizado del ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
