Así figura en el escrito de calificación provisional de los hechos de la acusación pública, en el que se imputa a Pérez Caminero un delito de blanqueo de capitales recogido en el artículo 301.1. Párrafo 1º y 2º del Código Penal, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas del caso.
Además del que fuera director deportivo del Real Valladolid hasta 2008, a quien se solicitan en concepto de multa un total de 4 millones de euros, figuran otras catorce personas imputadas, once de ellas expuestas a la misma pena y sanción pecuniaria que el exfutbolista y otras tres para quienes la acusación pública eleva la petición a seis años de privación de libertad y multa de 5 millones.
Por lo que respecta a la conexión vallisoletana, el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha aún por determinar lo ocuparán, junto con Pérez Caminero y expuestos a la misma pena que él, C.J.P.V. y L.O.M.C, trabajadores en el momento de los hechos de Banesto y de una notaría en Valladolid capital, mientras que entre los tres procesados para quienes se solicita más pena figura igualmente el empresario vallisoletano J.B.H, propietario de una empresa de mudanzas por aquellas fechas y además coordinador de los recogepelotas del Estadio José Zorrilla.
La operación, desarrollada en Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona, permitió desmantelar totalmente la estructura de la red, detener a 31 personas, incautarse de 570 kilos de cocaína e intervenir más de 2 millones de euros procedentes del narcotráfico.
Droga desde México y Colombia
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada que se dedicaba a introducir en el territorio nacional importantes cantidades de cocaína procedente de México y Colombia. En ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y control para identificar a los responsables de la red y proceder a su detención.
Fruto de este dispositivo se pudo constatar, según la policía, que la red estaba compuesta por tres grupos, uno integrado por ciudadanos colombianos y otro por ciudadanos mexicanos, ambos encargados de introducir y distribuir cocaína en España.
Asimismo, se comprobó la existencia de un tercer grupo liderado por ciudadanos españoles, que utilizaban como tapadera empresas y negocios legales, a través de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.
Una vez obtenido el dinero objeto de la transacción, era enviado como pago de la droga a través de integrantes de la organización, que alegaban ser turistas y que habiendo finalizado su estancia en España, volvían a su país de origen.
En una de estas intervenciones fueron descubiertos en dobles fondos practicados en sus maletas 685.400 euros, cuyo destino era el aeropuerto de México. Además, se pudo interceptar una partida que el grupo estaba almacenando en un piso ubicado en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas, logrando intervenir los 550.000 gramos.
Seguidamente, los agentes intervinieron 23.500 gramos en Madrid capital, cuando se procedía a realizar el traslado para una transacción.
En la operación se interceptaron 570 kilos de cocaína, más de 2 millones de euros, 7 vehículos de alta gama, máquinas para contar dinero, numerosa documentación, y se procedió al embargo y bloqueo de cuentas bancarias, chalés y pisos.
La alta especialización del grupo desmantelado y las medidas de seguridad que adoptaban en sus desplazamientos y citas complicó la labor de investigación del grupo desmantelado.
La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda, contando con la importante colaboración de la Policía Municipal de Madrid.
