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A comienzos de los años setenta se suministró anabolizantes a atletas menores de edad

Un estudio elaborado por la Universidad Humboldt de Berlín por encargo del Ministerio del Interior desvela el dopaje sistemático, con apoyo gubernamental, no sólo en la RDA, sino también en la RFA.

Un estudio todavía inédito, del que han venido adelantando algunos apartes varios medios de comunicación alemanes, denuncia que el dopaje sistemático, con apoyo estatal, fue algo que no sólo se dio en la extinta RDA sino también en la vieja República Federal de Alemania.

El estudio, del que ha revelado este sábado algunos detalles el diario 'Süddeutsche Zeitung', dice que a comienzos de los años setenta se suministró anabolizantes a atletas menores de edad y que a finales de los 80 se hicieron investigaciones sobre la forma como en que la EPO podía mejorar el rendimiento deportivo

El estudio fue elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín por encargo del Ministerio del Interior y tiene como título "Dopaje en Alemania desde 1950 hasta hoy desde una perspectiva histórico-sociológica en el contexto de su legitimación ética".

El comienzo del dopaje sistemático en Alemania Occidental está relacionado con la financiación del Instituto Federal de Ciencias del Deporte (BISp) en 1970 que dependió desde el comienzo del Ministerio del Interior. El estudio enumera más de 500 proyectos de investigación que podrían haber estado destinados a desarrollar prácticas de dopaje de las que habrían estado al tanto muchos políticos

Ya hace dos años el grupo de investigación de la Universidad Humboldt, dirigido por el catedrático Giselher Spitzer, había adelantado algunos resultados del estudio relacionados con investigaciones sobre anabolizantes financiadas con dineros públicos.

El estudio, para cuyo desarrollo el BISp ha aportado 525.00 euros, no ha sido aún publicado. El BISp y la Confederación Olímpica del Deporte Alemán (DOSB) había mostrado hasta ahora reservas al respecto por problemas de protección de datos.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, a través de un portavoz, aseguró que los las dudas con respecto a la protección de datos se han disipado y que ya no hay motivos para no publicar el estudio.

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