"El hecho de que los derechos humanos y la dignidad humana sean el corazón de las Olimpiadas hace que Japón tenga la obligación de respetar estos principios como país anfitrión acabando con las ejecuciones", manifestó una portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Tokio. Según esta organización, la pena de muerte "viola la carta olímpica y el espíritu de los Juegos", al tiempo que "traiciona a la sociedad internacional".
Japón, que ha ejecutado en lo que va de 2013 a seis condenados a la máxima pena, ajusticia en la horca en el mayor de los secretos, sin aviso previo a los presos o familiares y sin testigos, lo que le ha valido la condena de países y organizaciones internacionales.
Al igual que otros países como Estados Unidos o China, con la pena de muerte vigente, a Japón la medida no le ha supuesto un impedimento para albergar los Juegos. Una de las pocas moratorias que Japón ha aplicado a la pena capital tuvo lugar precisamente durante 1964, el mismo año que Tokio albergó sus primeros Juegos.
Según la portavoz de AI, a mediados de mayo el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó encarecidamente la necesidad de que Japón estudiara abolir la pena de muerte, aunque avisó de que, por el momento, "no ha habido respuesta por su parte ni se ha dado ningún paso" a tal efecto.
"Por el momento, no pensamos estudiar la abolición de la pena de muerte aunque se podría analizar si surgiera un debate en la Dieta (Parlamento)", expresó el ministro nipón de Justicia, Sadakazu Tanigaki, que además descartó que se vayan a modificar los procedimientos actuales bajo los que se aplica la pena capital.
Según un sondeo oficial de 2010, en Japón más del 85 por ciento de la población apoya la pena de muerte, al considerarla una medida "inevitable". Tras ejecutar a tres reos en febrero y dos en abril, Japón acumula 132 presos en el corredor de la muerte, después de alcanzar su máximo histórico este año desde que se comenzaran a facilitar este tipo de estadísticas en 1949.
En esta ocasión, el ajusticiado en la horca fue el septuagenario Tokuhisa Kamugai, condenado el 12 de marzo de 2012 por el asesinato del dueño de un restaurante del barrio chino de la ciudad portuaria de Yokohama (a pocos kilómetros de la capital) en 2004.
Al margen de ese asesinato, Kamugai, que según medios locales era un huérfano de la II Guerra Mundial que se vio abocado a mendigar para sobrevivir, también hirió de gravedad y dejó paralítico a otra persona de 32 años en el barrio tokiota de Shibuya después de dispararle durante un atraco. "Su acto fue egoísta y grave, e imagino que para la víctima y su familia ha sido doloroso", recalcó el ministro Tanigaki durante una concurrida rueda de prensa celebrada en Tokio.
En los últimos cinco meses han fallecido dos reos en el corredor de la muerte de las cárceles del país, mientras se han dado de caso de presos que han permanecido a la espera de su ahorcamiento hasta 25 años en su celda. "A la hora de tomar la decisión sobre la ejecución miramos si existen razones para revisar la sentencia y si hay que aplicar la pena de muerte o no", en un proceso estudiado y revisado "con cautela", detalló el ministro.
Todas las ejecuciones de 2013 se aprobaron bajo el mandato del Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, que llegó al poder en diciembre del año pasado, mientras que en 2012 el anterior Ejecutivo aplicó siete condenas de muerte. Según datos de AI, en 2012 se ejecutaron 682 condenas de pena de muerte en 21 países del mundo (sin contar China, cuyos datos no están disponibles), mientras que al menos 1.722 personas fueron condenadas a la pena capital en 58 naciones.
