El juez Pablo Ruz interrogará el miércoles como testigo al padre de Neymar acerca del contrato que firmó junto a su hijo por su fichaje por el FC Barcelona del que se investiga un presunto delito de apropiación indebida por parte del expresidente Sandro Rosell y un delito fiscal del club cifrado en 9,1 millones de euros.
Para ese mismo día, el juez de la Audiencia Nacional también ha llamado a declarar como testigo acerca del fichaje del delantero brasileño al director financiero del Fútbol Club Barcelona, Néstor Lamela.
El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el actual presidente del club, Josep María Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.
Este caso le valió a Rosell su puesto en el club al ser imputado el pasado 22 de enero, aunque no fue hasta el 22 de julio cuando declaró como imputado ante Ruz para defender la legalidad de los contratos que sirvieron para fichar al internacional brasileño Neymar da Silva, por el que, según dijo, el Barcelona pagó 57,1 millones de euros.
La investigación de este fichaje comenzó a raíz de la querella interpuesta por el socio del club Jordi Cases, que posteriormente amplió contra Bartomeu y el vicepresidente económico del club, Javier Faus.
Sin embargo, el juez Ruz rechazó el pasado viernes la imputación de ambos al entender que no aparece acreditada la participación activa de ambos en los delitos de apropiación indebida en su modalidad de distracción y contra la Hacienda Publica, como se sostenía en la ampliación de la querella.
En el auto en el que Ruz citó este verano a estos dos nuevos testigos, requirió al padre de Neymar, entre otros documentos, que aportara al Juzgado documentación de las cantidades satisfechas por los contratos con el Barcelona sobre las retribuciones variables pactadas, reembolso de gastos y pagos directos asumidos por el club por el establecimiento en España del jugador y su entorno familiar y profesional.
La Agencia Tributaria confirmó en un informe que el Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones en el fichaje, cantidad que podría aumentar a 11,7 millones si se confirma la posible defraudación de otros 2,6 millones para el ejercicio de 2014. Tras su imputación, el club pagó a Hacienda 13,5 millones para regularizar su situación.
