Cientos de créditos concedidos por Banco Popular a políticos y altos cargos públicos estuvieron bajo sospecha del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) en los años 2014 y 2015.
Así se desprende de un informe de inspección que llevó a cabo el supervisor a comienzos de 2014, y que terminó remitiendo al Sepblac a finales de ese mismo año, en el que detectó numerosas deficiencias en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entonces, los inspectores del Banco de España descubrieron que Popular no aplicaba medidas reforzadas de prevención en la contratación de productos por parte de personas con responsabilidad pública (PRPs).
La legislación en materia de blanqueo de capitales exige desde 2010 a las entidades una vigilancia especial sobre aquellas personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes –como políticos, jueces, responsables de empresas públicas o embajadores, entre otros– en países de la Unión Europea, así como a sus familiares y allegados.
Más de mil clientes con cargo público
En 2013 Popular contaba con un total de 1.433 clientes considerados como PRPs. A pesar de que los inspectores del Banco de España solo escogieron una muestra de cinco clientes con responsabilidad pública, a ninguno de ellos se les habían aplicado las medidas reforzadas de diligencia requeridas por la normativa.
Tres de los casos estaban justificados, pues se trataba de clientes antiguos que no habían realizado operaciones en oficina desde que entró en vigor la legislación. No obstante, en los dos casos restantes, los inspectores sí consideraron que se tendrían que haber aplicado "medidas reforzadas al haber contratado los clientes nuevos productos en 2012 y 2013, respectivamente".
Popular no tenía identificados a los familiares y allegados de personas con responsabilidad pública, como exigía la normativa de prevención del blanqueo
Además, Popular no tenía identificados a los familiares y allegados de los PRPs en su base de clientes, como exige la legislación, a pesar de que estaba trabajando para ello.
Nombres
El informe de inspección del Banco de España, al que ha tenido acceso este diario, muestra que los clientes que contrataron productos en los años 2012 y 2013 y sobre los que Popular no prestó la suficiente atención son el exsenador del PP por Ourense Isaac Vila y el alcalde socialista de El Cardoso de la Sierra, Rafael Heras Arribas.
Entre los otros tres clientes con responsabilidad que aparecen en el informe –con los que no se incumplió la normativa--, figura la magistrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rosario Silva de Lapuerta, la primera mujer Abogada del Estado, hija de Federico Silva, ministro de Obras Públicas con Franco, entre 1965 y 1970, y sobrina del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta. A pesar de ser una jueza del TJUE, no forma parte de la Sala Octava, la encargada del 'caso Popular' en Europa.
Los dos clientes restantes son el exmagistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Guillermo Jesús Jiménez Sánchez y Finbarr Buckley. Según datos del Consejo General del Notariado de comienzos de 2018, en España figuran 25.158 personas con responsabilidad pública. De este total, 14.641 lo son por elección o designación, mientras que los 10.544 restantes son allegados o mantienen relaciones de negocios.
Sepblac
La inspección también detectó deficiencias en la prevención del blanqueo en operaciones y en la identificación de otro tipo de clientes y su perfil de riesgo. La comisión ejecutiva del Banco de España aprobó remitir al Sepblac el informe de la inspección junto a una serie de recomendaciones a finales de 2014. Este organismo, dependiente de Economía, decidió incoar un expediente al banco en julio de 2015, que concluyó sin sanción.
En 2017, como adelantó Expansión, Santander, que adquirió la entidad al precio simbólico de un euro tras su resolución, comunicó al Sepblac un total de 136 operaciones de clientes relacionadas con Popular por considerar que pueden estar vinculadas con movimientos de blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
