"Se tienen que presentar propuestas que den el pego","Que no quede muy exagerado la diferencia entre las 'güenas' y las que presentan un presupuesto 'pelao'", "Iluminame Master and Commander!!! Que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo". Estos son tres ejemplos de extractos de los correos electrónicos que se cruzaban algunas de las compañías investigadas en el llamado cártel de consultoras y que forman parte de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una treintena de consultoras y a algunos de sus directivos por repartirse el mercado de licitaciones públicas.
Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, la Dirección de Competencia del organismo ha propuesto sanciones por un valor total de alrededor de 420.000 euros para los directivos implicados. Las compañías en sí se juegan una multa que en conjunta suma 47 millones de euros, como adelantó El País.
En concreto, la división que encabeza Beatriz de Guindos ha propuesto sancionar a catorce directivos, algunos de los cuales ya no trabajan para las consultoras investigadas. La multa más elevada asciende a alrededor de 58.500 euros a una exsocia de Deloitte, 36.700 euros para un directivo de BMASI, 31.200 y 34.300 euros a dos directivos de IDOM, 34.000 euros a una exsocia de PwC, 42.000, 30.000 y 15.700 euros a tres directivos de 97S&F, 24.000 a otro de Innovisions, y dos sanciones de 30.000 euros a dos directivos de PA Consulting. Completan el listado dos sanciones de 15.800 y 11.200 euros a dos directivos de Regio Plus, una de 21.000 euros a un directivo de Red2Red y otra de 5.800 euros a una directiva de Abay.
Además de las sanciones que se pueden imponer a las empresas en sí, la Ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 63.2 que se podrán imponer multas de hasta 60.000 euros “a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión”. Cuando se transponga la directiva ECN+, la cuantía máxima ascenderá a 400.000 euros.
En cualquier caso, cabe recordar que todas estas cifras son propuestas de sanción elaboradas por la Dirección de Competencia y que las cuantías definitivas serán fijadas por la Sala de Competencia que encabeza la presidenta Cani Fernández. La sala puede mantener las multas, rebajarlas o incluso eliminarlas si lo estima oportuno. Si decide subirlas, deberá dar audiencia a las partes.
De las llamadas Big Four, las cuatro consultoras más grandes de España, están investigadas PwC, Deloitte y KPMG, si bien esta última no tiene directivos bajo sospecha. En la investigación del regulador se incluyen correos en los que inicialmente un socio de KPMG rechazó participar en estas prácticas aunque más tarde terminó solicitando a otra consultora una de las llamadas ofertas de cobertura para una licitación. Otro correo posterior muestra como ese mismo socio se muestra "escandalizado" tras leer la nota de prensa de la CNMC en la que anunciaba la incoación del expediente y muestra su confianza en que se inhabilite a los responsables. Para el regulador, esta es una muestra del "cinismo" que representan "la intencionalidad de muchas de las empresas en torno a la ilicitud de la práctica en sí".
Un cártel de una década
La CNMC acordó incoar expediente sancionador en febrero de 2019 tras las inspecciones realizadas por el organismo en octubre de 2018 a las sedes de Deloitte, Idom, PwC y de Regio Plus. No obstante, el origen de este caso se remonta a 2017, cuando la Autoridad Vasca de Competencia detectó un posible reparto de contratos en la Administración autonómica vasca y remitió sus actuaciones al regulador nacional. La investigación apunta a dos redes, una de colaboración nacional y otra centrada en el norte de España, principalmente en País Vasco, Cantabria y Navarra.
¿Cómo operaba el cártel? El funcionamiento es prácticamente igual en todos los casos. Una consultora que estaba interesada en conseguir un contrato se ponía en contacto con otra consultora 'amiga' para invitarle a participar con una oferta inferior o bien le pedía que se abstuviese de presentar oferta. Más adelante, la consultora amiga pedía el favor de vuelta y así se iban repartiendo las diferentes licitaciones. Hoy por ti, mañana por mí. El periodo de investigación comprende desde 2009 a 2018, casi una década.
Fuentes de KPMG indican que "en relación a la filtración de la propuesta de sanción de la CNMC que afecta a KPMG Asesores S.L. entendemos que no incluye elementos que demuestren la implicación de la firma en las redes de colaboración anticompetitivas investigadas, por lo que hemos presentado las alegaciones oportunas ante el supervisor, o en su caso, ante los correspondientes órganos de justicia. KPMG ratifica su inequívoco compromiso con la legalidad y la libre competencia, razón por la que viene observando y observa de forma escrupulosa todas las normativas que le son de aplicación. En todo caso, el deber de secreto que nos impone la Ley de Defensa de la Competencia nos impide comentar más en detalle estas cuestiones”.
