El Gobierno estudia aprobar en plena crisis por el coronavirus una primera reforma de la Seguridad Social para que el ministerio que dirige José Luis Escrivá pase a gestionar las pensiones de clases pasivas (de funcionarios y militares, entre otros colectivos), que hasta la fecha recaían en Hacienda.
Este movimiento ya había sido anunciado en alguna ocasión por Escrivá -incluso durante su etapa al frente de la Airef- ya que es un paso inicial importante para que el Ministerio de Seguridad Social pueda tener conocimiento sobre todas las pensiones que paga el Estado, y proponer una reforma integral que abarque a todos los colectivos.
Según la última nómina de marzo, el Estado desembolsa cada mes 1.144,58 millones de euros en el pago de pensiones de clases pasivas, en un total de 644.974 pensiones (un número no necesariamente equivalente a personas ya que una persona puede percibir más de una pensión). Esta cuantía se suma a los casi 10.000 millones de euros que la Seguridad Social paga cada mes en pensiones.
Las clases pasivas son las que cobran funcionarios de carrera civil de la Administración, personal militar, funcionarios de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales, de órganos constitucionales o estatales, personal interino, militares, expresidentes, vicepresidentes y ministros.
Las seguirá pagando el Estado
Según un borrador del real decreto-ley al que ha tenido acceso Vozpópuli -que el Gobierno está ultimando y podría aprobar este martes-, el Ejecutivo aprobaría una modificación de la ley de Clases Pasivas del Estado, de 1987, de forma que a partir de ahora recaerá en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la gestión de estas pensiones.
De forma transitoria, sería la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la que se ocupe de la resolución sobre pensiones de clases pasivas, hasta que la TGSS esté preparada para asumir la gestión completa.
"El reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares (...) corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social", que será la "entidad gestora competente para realizar las funciones inherentes" a la concesión y abono de estas pensiones.
Aunque la Seguridad Social asumiría la gestión de estas pensiones a partir de ahora, su financiación seguirá procediendo de los Presupuestos Generales del Estado.
"El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado", señala el borrador de la norma.
