El Gobierno transmite ya a agentes del mundo del alquiler residencial que los préstamos bancarios con avales del Estado a interés cero -ayudas directas a los inquilinos para poder devolver esos mismos préstamos- anunciados el pasado 31 de marzo -con un presupuesto de partida de 800 millones- estarán disponibles íntegramente a partir del mes de mayo.
A algunos agentes del sector se les ha transmitido que la tramitación necesaria -que incluye la aprobación de una Orden Ministerial específica y la definición de los acuerdos entre el propio Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial y los bancos- estaría lista pasados unos 20-25 días de la aprobación del Real Decreto de medidas contra los desahucios del 1 de abril.
Tal y como ha informado este medio, desde el Gobierno han prometido que los préstamos y ayudas, una vez aprobados, podrán utilizarse de manera retroactiva, en este caso, para pagar la renta de abril.
En cualquier caso, el plazo de pago de las rentas de abril de la mayoría de los contratos de alquiler venció el pasado día 5, inciden fuentes del sector, por lo que ya buena parte de los inquilinos (y caseros) pendientes de esos préstamos y ayudas están abocados a buscar otras soluciones de aquí a mayo. Desde el portal inmobiliario Idealista han apuntado a Vozpópuli que perciben crecientes renegociaciones entre particulares de los precios del alquiler a la baja.
500.000 inquilinos y caseros que viven al día
La cuestión del mes de abril es "preocupante", remarcan agentes del sector, teniendo en cuenta que existen tanto inquilinos como caseros que viven al día.
De acuerdo al vicepresidente social, Pablo Iglesias, al menos 500.000 inquilinos deberían ser asistidos por estos préstamos y/o ayudas. Otras fuentes elevan la cifra a un millón y medio. Paralelamente, desde la Agencia Negociadora del Alquiler estiman que entre 570.000 y 855.000 de los caseros tienen más de 55 años y están en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.
El propio decreto del Gobierno aprobado el pasado 1 de abril sentenció ya, de forma inédita, que el 85% de las viviendas en alquiler en España corresponden a particulares. El consenso del sector privado, que estima que hay unas seis millones de viviendas en alquiler en España, eleva el peso de los particulares al 95%.
Caseros piden acceso directo a las ayudas
Dicho decreto ha fijado desde ya la suspensión durante seis meses de los desahucios de inquilinos que acrediten su vulnerabilidad económica sobrevenida por la Covid-19. Además, ha previsto el referido plan de préstamos y ayudas a los inquilinos que acrediten vulnerabilidad económica para que puedan afrontar los pagos de sus rentas.
Si bien no les obliga literalmente a pedir los préstamos y/o las ayudas directas -algo de lo que han alertado desde la Agencia Negociadora del Alquiler-, el decreto establece que los servicios sociales deberán supervisar estas situaciones y prevé sanciones equivalentes a los daños causados a todos aquellos inquilinos que, posteriormente, se descubra que se acogieron a la vulnerabilidad económica de forma abusiva.
Los propios caseros empiezan a reconocer en algunos casos que esos mismos requisitos de vulnerabilidad económica para el inquilino -ERTE, reducción de jornada, menos de 1.613 euros de ingresos, renta que suponga más del 35% de los ingresos familiares, etc.- podrían quedarse cortos en algunos casos, aunque reclaman, cada vez con más fuerza, que se permita también a los propios caseros pedir de manera directa, tras acreditar su vulnerabilidad económica, esos préstamos y/o ayudas en caso de impagos.
