La madeja de duplicidades que envuelve a las tres administraciones va a tocar a su fin como consecuencia de los ajustes que prepara el Gobierno para poder cumplir con los objetivos de déficit. Hacienda va a responder a las crecientes demandas de financiación por parte de los ayuntamientos con una ambiciosa reforma de la administración pública que implicará la reducción de algunas competencias locales que, en realidad, corresponden a las comunidades autónomas.
En Hacienda se calcula que alrededor de un 30% del presupuesto que hoy manejan los 1.116 ayuntamientos españoles se gasta en competencias impropias: servicios locales de empleo, ayuda a domicilio, guarderías, centros de atención a inmigrantes, prevención de la violencia de género y, así, un largo etcétera cuya cobertura financiera ha llevado a la ruina a numerosas corporaciones locales y las ha endeudado hasta un volumen global superior a los 35.000 millones de euros.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, hay estudios que reflejan que el gasto no obligatorio medio de esta corporación en el periodo 2007/2010 supuso 362 euros anuales por habitante, la mayor parte de ellos destinados a seguridad y protección civil, protección social y actividades culturales. En estos gastos impropios se incluyen también otros que corresponderían al Estado o a la comunidad autónoma, relacionados con la promoción del empleo, el turismo o la innovación tecnológica.
Una vez que se presenten los Presupuestos de 2012, un grupo de trabajo abordará la reordenación de estas competencias para acabar con las duplicidades y sanear, de paso, las finanzas locales. Se hará mediante una reforma de la ley de Bases de Régimen Local y el proyecto afectará, según fuentes gubernamentales, no solo a los ayuntamientos sino también a las diputaciones provinciales que verán simplificadas sus competencias.
A pesar de que el PSOE se ha dejado por el camino casi todo el poder autonómico y buena parte del municipal, el Gobierno intentará que ésta sea una reforma pactada con el principal partido de la oposición. El objetivo último, señalan las mismas fuentes, no es solo ganar eficacia en el funcionamiento de la administración pública, sino facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit, pues la reordenación de competencias llevará también consigo la eliminación de numerosos servicios municipales y autonómicos y la reducción de empleados públicos tanto interinos como laborales. En la actualidad, trabajan en la administración local y autonómica más de 2,5 millones de funcionarios, laborales, interinos y temporales.
