El Ejecutivo ha gastado algo cerca de un millón de euros en el envío de cartas a los pensionistas en las que hace propaganda de las medidas del gobierno Rajoy. Según han revelado fuentes del ministerio de Trabajo, el correo ordinario que se ha empleado suma una factura de 950.000 euros. La carta, que comenzó a ser remitida el pasado 5 de enero, incluye mensajes de contenido político que atribuyen el mérito de la subida de las pensiones a Mariano Rajoy. "Todo esto es un compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”, concluye la misiva.
El PSOE pedirá explicaciones al gobierno por el contenido y el coste de la carta, aseguran fuentes parlamentarias. El papel en el que se informa a los pensionistas de la situación de sus retribuciones debe contener la información económica correspondiente a las prestaciones familiares. Sin embargo, de los cinco párrafos de la carta, fechada el 3 de enero y firmada personalmente por la ministra Fátima Báñez, los tres últimos se dedican a recordar el compromiso de Rajoy, cómo compensará a quienes fueron perjudicados por la congelación del PSOE y a subrayar el compromiso del gobierno popular con el Sistema Público de Pensiones.
“Este gobierno está comprometido con el mantenimiento y mejora de nuestro Estado del Bienestar”, concluye la misiva que el Ejecutivo comienza a remitir esta misma semana y que se reproduce a continuación.
El Partido Soclalista ya ha trasladado al gobierno su malestar por la misiva, especialmente ante la cercanía de las elecciones andaluzas, según confirman tuentes socialistas. El ex-ministro Jesús Caldera ha trasladado ese malestar personalmente a la ministra Fátima Báñez, quien ha negado que se esté haciendo un uso electoral de esas cartas, aseguran fuentes del ministerio de Empleo.
La polémica de las cartas a los pensionistas
La carta que se remite a los pensionistas los meses de enero ha sido históricamente objeto de controversia. La más sonada tuvo lugar durante el gobierno Aznar, siendo Eduardo Zaplana ministro de Trabajo, y se reprodujo más tarde con la llegada del gobierno socialista a La Moncloa. PSOE y PP parecieron alcanzar entonces un pacto no escrito que limitaba esa carta a publicar las cifras de revalorizaciones, evitando los mensajes políticos. Así se hizo a partir del año 2008, cuando las misivas comenzaron a incluir únicamente las cifras y los números de teléfono de atención al ciudadano.
La que se remitió en el año 2008 y que parecía poner fin a la polémica se redactó en los siguientes términos:
La polémica continúa a la espera de que el Ejecutivo popular defina la ley de acceso ciudadano a la información pública, un texto que sigue preparando todavía.
