Hoy hay prevista una movilización por parte de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) para protestar por lo que consideran un fraude: la colocación en redes bancarias de acciones preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada o cédulas hipotecarias, que incluyen en un mismo rango y consideran “tóxicos”. Sin embargo, en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) aseguran que “no hay argumento jurídico para determinar que ha habido fraude en su venta”.

Desde Aemec, asociación de accionistas minoritarios promovida por el abogado Javier Cremades, el ex ministro Julián García Vargas o los catedráticos de derecho mercantil José María de la Cuesta y Juan Ignacio Peinado, señalan que “después de haber hecho una ronda de consultas a expertos mercantiles, hemos llegado a la conclusión de que no hay argumento jurídico que sustente la existencia de fraude en la colocación de estos productos”.

En su momento, no descartaron liderar algún tipo de iniciativa reclamando compensaciones, pero ahora rechazan que haya habido comportamientos ilegales por parte de las entidades vendedoras.

La organización descarta, así, movilizaciones masivas, aunque sí solicitarán a las firmas que han emitido bonos convertibles un gesto de buena voluntad hacia sus clientes, “aunque no una compensación económica”. En Aemec entienden que la relación entre cliente y entidad financiera está basada en la confianza y en virtud de la misma, sería bueno que tendieran lazos a los casos más perjudicados. Sin embargo, de momento no especifican alguna propuesta concreta.  

En este sentido, coinciden con Adicae en que si hay algunas personas a las que se les ha vendido estos instrumentos de manera indebida “deberá estudiarse caso a caso”, pero “esto no es Madoff, que fue una estafa en toda regla”. (El despacho Cremades se encargó de las reclamaciones de los afectados del Santander por este escándalo, que se saldó con una compensación en acciones por parte del banco). Todos los productos se han colocado con el visto bueno de la CNMV y “su naturaleza estaba claramente explicada en los folletos”, opinan.

Aunque no dudan que pueda haber algunos casos en los que sea preciso algún tipo de compensación, no contemplan una acción conjunta: “los bonos convertibles en acciones ya explican claramente en su denominación lo que son y sus clientes se han visto tan perjudicados como los accionistas”.

Fraude al ahorro 

Adicae, agrupación que en mercado sitúan ubicada en posiciones de izquierda, insiste en que los compradores finales de estos productos eran inversores conservadores que pensaban que adquirían algo tan seguro como un depósito o un plazo fijo.

Protestan por las pérdidas de estos activos en unos mercados secundarios ilíquidos, así como por las condiciones de canje, que en el caso de algunas entidades todavía está por determinar. Consideran todo esto "un fraude al ahorro". Y reclaman compensaciones en efectivo, “como han hecho Cajasur o Banco Mare Nostrum”, indican fuentes de la entidad. 

En la institución afirman que hay alrededor de un millón de inversores atrapados en estos productos, de los que unos 700.000 están en acciones preferentes. Quieren sentarse a negociar con las entidades comercializadoras o amenazan con acciones legales, en representación de unos 3.000 asociados.

Sin embargo, reconocen que es complicado que haya tabla rasa a la hora de establecer compensaciones y que es probable que haya que examinar “caso por caso” las inversiones, por lo que la situación podría eternizarse. En cualquier caso, han presentado denuncias a la CNMV por los canjes de estas preferentes.

Habrá que ver qué depara el futuro, aunque si esto se tradujera en compensaciones masivas para los clientes sería un duro revés también para los reguladores, que no pusieron ningún tipo de reparo en el momento de la comercialización.