Los grandes cheques al portador tienen sus días contados. Hacienda prepara un Proyecto de Ley Antifraude que pretende limitar “sustancialmente” el importe máximo permitido en esos talones que en la actualidad es de 3.000 euros y tras los que se ha detectado una importante bolsa de dinero negro, según aseguran a Vozpópuli fuentes de la Agencia Tributaria. Hacienda estudia recortar el importe máximo de esos cheques al portador a una tercera parte del valor actual con lo que la cuantía máxima que podrá pagarse con un cheque al portador rondará los 1.000 euros.
La limitación a los sistemas de pago será parte del Proyecto de Ley Antifraude que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo viernes y que incluirá también la limitación a los pagos en efectivo con billetes de 500 euros, como ya adelantó el propio ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro todavía no ha cerrado la cuantía por encima de la cual se prohibirá el pago con billetes de 500 pero fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan que el límite de los 1.000 euros ha sido ya adoptado por gobiernos como el de Sarkozy en Francia.
El pago con dinero negro en billetes ha sido denunciado públicamente, pero Hacienda estima que su circulación “se está corrigiendo de manera natural con la crisis”. En lo que llevamos de 2012, el número de billetes de 500 y su importe ha caído un 4% con respecto al ejercicio anterior con lo que suman 99,18 millones de euros en total, según los datos de Banco de España. Sin embargo, esa preocupación se mantiene con los cheques al portador ya que escapan al control del fisco y su uso se ha generalizado de tal manera que ha salpicado a nombres como el de Iñaki Urdangarín. Según la declaración judicial del Duque de Palma, su socio sacó 180.000 euros del Instituto Noos en cheques de 2.500 euros cada uno. En total, 72 cheques al portador que permitieron pagos opacos a la Agencia Tributaria.
El importe máximo de un cheque al portador rondará los 1.000 euros
La restricción a los sistemas de pago en metálico es una de las claves del Proyecto de Ley Antifraude que el Ejecutivo pretende aprobar el próximo viernes. Pero el Gobierno contempla, además, la restricción de otros sistemas de pago que podrían afectar a los que se realizan en el comercio electrónico y en el uso de derivados financieros para evitar la elusión de impuestos.
El control de las empresas en la aduana
Mientras el control de los ciudadanos se hará en la ventanilla bancaria, el de las empresas se centrará en la aduana. El fisco pretende poner fin a lo que define como “fraude carrusel” en el cobro del IVA.
Es –según los técnicos de Hacienda—un fraude triangular especialmente común en telefonía y equipos electrónicos e informáticos por el que una empresa vende a otra ese equipo y pide la devolución del IVA soportado a su gobierno. La empresa intermediaria nunca lo abona con lo que el porcentaje del impuesto se pierde entre administraciones. Finalmente, vende el producto a una tercera empresa ingresándose el importe completo y el montante del impuesto.
El resultado –según el esquema de la Oficina Nacional de la Investigación contra el Fraude—es un fraude intracomunitario que podría aportar más de 1.000 millones de euros a las arcas del Estado. Para evitarlo, Hacienda pretende acortar los plazos en los que las empresas reportan sus tributos para que, en lugar de remitir información trimestral, la inspección pueda vigilar los descuadres en menores lapsos de tiempo.
La iniciativa del Gobierno español se encuadra dentro del informe de la Comisión Europea sobre Protección de los intereses financieros de la UE.
