El Gobierno y la banca continúan negociando a contrarreloj para que el Ministerio de Economía pueda desvelar la próxima semana cómo se financiarán las subastas del Banco de Valencia y del banco de CatalunyaCaixa, cuyas adjudicaciones están previstas para antes del verano. El presidente de la patronal bancaria AEB, Miguel Martín, dijo el pasado miércoles que, si el Gobierno lo pedía, el sector estaba dispuesto a asumir "sacrificios".

Estas palabras se interpretaron como que la banca asumía que el Estado no aportará fondos para financiar las próximas subastas, aunque ello no supone necesariamente que el sector dé por perdida totalmente la batalla. El pasado viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que el Gobierno busca la fórmula financiera que evite que en 2012 y 2013 aumente el déficit público con las próximas subastas de bancos. "Lo estamos haciendo de acuerdo con la normativa europea y con la normativa de contabilidad nacional", explicó en ese momento el titular de Hacienda, días después de que Economía prometiera desvelar la fórmula en las "próximas semanas".

Garantía del FGD

Ningún comprador está dispuesto a pujar por el Banco de Valencia o CatalunyaCaixa si no cuenta con garantías que le cubran frente a buena parte de los riesgos, en línea con los esquemas de protección de activos ofrecidos en la subastas de la CAM y Unnim. En esos dos últimos casos, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que hasta ahora se nutre exclusivamente de las aportaciones de la banca, ha cargado con la factura del saneamiento y ello ha evitado usar dinero público. Sin embargo, el FGD posee actualmente poco más de 2.000 millones, cantidad insuficiente para cubrir las pérdidas que puedan aflorar en el Banco de Valencia.

Fuentes financieras han asegurado que se da por hecho que las entidades tendrán que asumir una derrama para engordar el FGD, al que se recurrió para vender la CAM y Unnim, pero tratan de evitar que lastre sus resultados. Tampoco ven con buenos ojos que fuera mediante un préstamo porque aumentarían sus riesgos.

Además, las mismas fuentes explican que Economía ha propuesto adelantar ocho anualidades, lo que supondría sumar casi 13.000 millones a los poco más de 2.000 millones con los que cuenta ahora el FGD y que son insuficientes para dar salida a las entidades en manos del Estado.