El plan será trasladado al Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de abril e implicará un cambio bastante radical en la actuación de la inspección de trabajo. En muchos casos, las directrices recibidas por los inspectores con el Gobierno anterior tenían como prioridad el respeto a la ley de Igualdad por parte de las empresas. En adelante, la prioridad será la persecución de la economía sumergida, afirman fuentes gubernamentales, tarea que derivará en un ahorro importante en los recursos que se destinan al seguro de desempleo.
Los Presupuestos que ahora se tramitan en el Congreso dedican 28.805 millones al pago de estas prestaciones. Supone una partida algo menor, hasta un 5,5%, con respecto a la librada en 2011, descenso que se explica porque una parte de los futuros parados no podrán acceder al cobro del desempleo por no haber cotizado el mínimo de un año que establece la ley.
En los cálculos iniciales realizados por el Gobierno se apunta a un ahorro superior a los 1.000 millones de euros en esta partida presupuestaria como consecuencia de la labor inspectora contra la economía sumergida. Al reforzamiento de esta tarea se sumarán también los controles que ejercerán las agencias privadas de colocación. Los parados que disfruten del cobro de la prestación deberán presentarse periódicamente en sus oficinas en caso de que no acepten enrolarse en los cursos de formación.
Al reforzamiento de la tarea inspectora se sumarán los controles que ejerzan las agencias privadas de colocación
En la actualidad, los controles que establece el Servicio Público de Empleo estatatal son casi inexistentes puesto que la prórroga de la prestación tiene carácter trimestral y se puede realizar, incluso, por teléfono o por Internet. Eso permite que haya parados que realicen trabajos sin estar dados de alta en las empresas.
Trabajo se plantea también que los parados que cobren el seguro puedan realizar servicios sociales. Esto no es una novedad normativa como tal, porque ya está prevista en la ley, pero sí será por primera vez de obligada aplicación, según los casos.
