La reforma financiera va a permitir a la banca congelar durante un año el pago de sus participaciones preferentes. Es la consecuencia de la disposición adicional que el Gobierno ha incluido en el Real Decreto-ley de reforma financiera. Según esa cláusula, los bancos podrán olvidar los pagos a sus ahorradores durante un año con el argumento de que deben atender primero a sus compromisos de recapitalización.
Según recoge el decreto, “las entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles en acciones (…) podrán diferir por un plazo no superior a doce meses el pago de la remuneración prevista”.
La claúsula supone la segunda concesión a la banca en torno a sus participaciones preferentes en menos de tres meses. La primera reforma financiera ya contemplaba un permiso para que los bancos incumplieran los pagos que habían comprometido. En la práctica, eso significa que los bancos no dispondrán de un año sino de 15 meses de aplazamiento puesto que ya habían gozado de otros tres en la reforma anterior.
Los ahorradores denuncian “una última bofetada”
Los usuarios de la banca han criticado ya una medida del Gobierno que describen como un “nuevo palo a los consumidores”, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE). En palabras de su Presidente, Fernando Herrero, “el Gobierno no sólo no ofrece una solución a los cientos de miles de consumidores atrapados en las preferentes u otros productos tóxicos como obligaciones convertibles (fruto de canjes posteriores), sino que todavía les limita el pago de cupón. Una demostración más de la peligrosidad de este producto para los pequeños ahorradores, pero que se colocó masivamente para interés de las propias entidades y en connivencia con el Banco de España que toleró esta operación”. Las plataformas de usuarios de banca no descartan nuevas iniciativas de protesta.
Un único expediente abierto por las preferentes
La Agencia Catalana de Consumo ha abierto expedientes a todas las entidades financieras para "llegar al fondo" de la cuestión de las participaciones preferentes, anunció ayer el director de la institución, Alfons Conesa. La catalana es, hasta el momento, la única administración de España que ha abierto ese tipo de expedientes pese a que 52 entidades de toda España comercializaron acciones preferentes en todo el país.