Economía

Monago desafía la línea oficial PP en fiscalidad ambiental y renovables

Extremadura ultima un impuesto a las bolsas de plástico, muy criticado por Arenas cuando se implantó en Andalucía y suprimido por los populares al llegar al Gobierno cántabro. Además, mantiene su intención de recurrir ante el Constitucional la moratoria a las renovables.

  • José Antonio Monago, presidente extremeño.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, va a contracorriente de la doctrina oficial de su partido, el PP, en algunas materias. Por un lado, Extremadura mantiene su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la moratoria decretada por el Ministerio de Industria a las energías renovables; por otro, el Ejecutivo regional ha anunciado la puesta en marcha de un impuesto a las bolsas de plástico de un sólo uso, idéntico al que implantó Andalucía hace un año.

El nuevo impuesto, que la Asamblea extremeña debería aprobar antes del próximo mes de julio, consistirá en el cobro de cinco céntimos de euro por bolsa, lo que permitirá recaudar unos 300.000 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de la consejería de Economía y Hacienda. Fuentes de ese departamento indican que la medida no tiene un fin "recaudatorio" y que está relacionada con el "refuerzo del medio ambiente". Y aseguran que la iniciativa, que va acompañada de un canon por el uso de las redes de distribución y saneamiento de aguas, ha partido del propio Gobierno, no de IU, el partido que permitió a Monago alcanzar la mayoría necesaria para gobernar.

Extremadura, una de las regiones con un déficit público más alto (4,59% del PIB), será la segunda comunidad autónoma que aplique un impuesto de este tipo. Cantabria fue la pionera, pero lo tuvo de forma muy fugaz: entró en vigor en enero de 2011 y fue suprimido tras la victoria electoral del popular Ignacio Diego. Andalucía, por su parte, lo puso en marcha hace un año con el rechazo frontal del líder del PP en esa región, Javier Arenas, que durante la campaña electoral llegó a pedir su derogación.

Como ocurrió en Andalucía, los comerciantes extremeños rechazan la nueva tasa por considerar que encarece sus costes de gestión (el nuevo impuesto exigirá las empresas entregar una liquidación periódica a la Junta y cambios en sus sistemas informáticos). En el sector de la distribución comercial consideran que un impuesto ambiental de este tipo no es necesario porque España ya cumplido los objetivos de reducción de la utilización de bolsas de plástico de un sólo uso que establece la UE.

El sector ha planteado al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que aproveche la ley de "unidad de mercado" que anunció la semana pasada para eliminar este tipo de impuestos, que actualmente las comunidades autónomas pueden implantar a discreción por tratarse de tributos medioambientales.

Respecto al anunciado recurso de la Junta extremeña a la moratoria del Ministerio de Industria para las primas a nuevas plantas de energías renovables, ya se ha constituido la Comisión Bilateral formada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Monago para intentar alcanzar una salida negociada, según recoge el BOE del pasado viernes. Extremadura, una de las pocas regiones españolas sin parques eólicos, adjudicó el año pasado casi 1.700 megavatios (MW) cuyo futuro está en el alero, al haberse suprimido las subvenciones.

En principio, el departamento de José Manuel Soria sólo parece dispuesto a introducir excepciones a la moratoria en Canarias, por tratarse de un sistema eléctrico aislado.

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