Con Jordi Sevilla al frente del Ministerio de Administraciones Públicas, el personal de todas las embajadas, consulados y oficinas comerciales y culturales del exterior pidió al Gobierno que tuviese en cuenta sus especiales condiciones de trabajo, muy diferentes según el destino. En 2007, Elena Salgado ocupa la cartera e inicia los trámites para que puedan constituirse unas elecciones sindicales y el consiguiente proceso de negociación colectiva en todas las delegaciones. Ahora, el Ejecutivo de Rajoy lo ha suspendido temporalmente debido a los costes generados, por valor de casi un millón de euros al mes, en la gestión de estas elecciones y la pérdida de horas de trabajo. El actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha decidido que habrá una circunscripción única para negociar con todos estos empleados públicos, en lugar de una por cada ubicación.
Fuentes del Gobierno dan especial énfasis al hecho de que esta fórmula sólo se aplicará durante 24 meses y que, por supuesto, quedan garantizados los derechos de negociación colectiva recogidos en la Constitución al tiempo que se persiguen importantes ahorros.
Entre diplomáticos, técnicos comerciales, laborales y de economía, fuerzas de seguridad, personal administrativo, consejeros de comunicación, profesores del Instituto Cervantes y un largo etcétera, la plantilla del Estado español en el extranjero supera los 5.000 trabajadores. Por muy lejos que estén de Madrid, todos tienen reconocido el derecho a la negociación colectiva con representantes sindicales en sus centros, de los cuales alrededor de cien serían liberados según aproximaciones del sector.
El anterior Gabinete socialista había puesto en marcha esta negociación colectiva 'in situ' durante 2011, lo que iba a encarecer la estructura burocrática. Pero la decisión de Beteta lo detiene, aunque sea con carácter excepcional. Según reza el Boletín Oficial del Estado con fecha de martes 15 de mayo, se acuerda “la suspensión parcial del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, y, en concreto, el apartado 17 que regula los derechos de representación colectiva de dicho personal”.
De modo que todo se organizará desde Madrid, algo que liberará de cargas a un Ministerio de Asuntos Exteriores que ha sufrido un recorte del 54 por ciento de su presupuesto respecto al ejercicio de 2011. Como explica el BOE: “Resulta preciso abordar, no obstante y por lo ya señalado, la suspensión temporal de la eficacia de una parte del mismo, con el objetivo de evitar, en este momento, los importantes costes derivados del procedimiento electoral que el mismo contempla, de su gestión y de la elevada pérdida, en tiempos de trabajo, que supondrían los créditos horarios asignados, coste inasumible en períodos en los que están seriamente limitadas las posibilidades de reposición o contratación de efectivos por parte la Administración Pública”.
