El Ejecutivo italiano analizará en profundidad todos y cada uno de los contratos de concesiones de infraestructuras que mantiene el Estado con empresas privadas con el fin de determinar una posible revisión de las condiciones o, incluso, su vuelta al ámbito público. El anuncio, realizado este lunes por el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, supone una cierta distensión en el enfrentamiento que mantiene el Gobierno con Atlantia a raíz del derrumbamiento del Puente Morandi, cuya concesión de mantenimiento tiene la futura dueña de Abertis, que provocó la muerte de 43 personas.
En los días siguientes al trágico suceso, distintos pesos pesados del Gobierno hablaron del fin inmediato de todas las concesiones que tiene en este momento Atlantia en Italia e incluso de la toma de control por parte del Estado de Autostrade per l’Italia, la filial del grupo que engloba estos activos.
En su comparecencia en la Comisión conjunta del Congreso y Senado formada de urgencia a raíz del accidente, Toninelli insistió en que la intención del Gobierno sigue siendo hacerse con el control de Autostrade y dejar a Atlantia sin concesiones en el país transalpino. Sin embargo, no lo dio por hecho. El Gobierno, fruto de la coalición entre dos formaciones en principio antagónicas como Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte, considera que, especialmente durante los últimos años, las concesionarias han hecho un gran negocio (facturaron en Italia 7.000 millones de euros en 2016) a costa de los ciudadanos sin que éstos hayan visto mejorada la calidad de las vías.
De ahí que pretenda analizar una a una las concesiones y recuperar para el Estado aquellas que considere que reportarán mayor beneficio para la sociedad si vuelven a manos públicas.
Contratos publicados
Esta cierta distensión ha llegado después de que, de forma sorprendente, Atlantia haya decidido hacer públicos los contratos de concesión con el Estado italiano. En los últimos días, el Gobierno había amenazado con publicarlos con el fin de que los ciudadanos descubrieran las ventajas que suponían para la compañía (y más concretamente para la familia Benetton, principal accionista de Atlantia), en detrimento de los ciudadanos.
Una situación que había puesto en pie de guerra a Atlantia, que había amenazado con emprender acciones legales si finalmente el Ejecutivo decidía hacer públicos los citados contratos. Por sorpresa y como un gesto de transparencia, finalmente ha sido la propia Atlantia la que ha decidido dar el paso.
El gesto ha sido acogido con tibieza por el ministro de Infraestructuras, que no ha dudado en minusvalorarlo al interpretar que la decisión de la compañía no ha venido motivada por una intención de incrementar la transparencia sino por la presión a la que ha sido sometida desde el trágico suceso del Puente Morandi.
Pesimismo en los mercados
El Gobierno sigue siendo reacio al ofrecimiento de Atlantia de encargarse de la reconstrucción de la infraestructura, pese a que la compañía asegura que podría estar de nuevo lista en menos de un año. También ha rechazado el ofrecimiento de una compensación de 500 millones de euros para la reparación de daños ya que considera que la cifra debe ser mucho más elevada.
De esta forma, todo apunta a que el Ejecutivo y la compañía deberán sentarse a la mesa para decidir el futuro de las concesiones en Italia, aunque las posiciones de partida parecen muy alejadas y difícilmente reconciliables. Por lo pronto, el mercado ya ha descontado el peor de los escenarios. La huida de los inversores tras el accidente del Puente Morandi le ha costado a Atlantia más de 5.800 millones de euros en términos de capitalización bursátil.
