Las grandes constructoras esperan un castigo del coronavirus en los pedidos de uno de sus principales clientes, la Administración española. Seopan, la patronal que engloba a ACS, Ferrovial, OHL, Acciona o FCC, estima que este año se cerrará con un 63% menos de contratación pública que en 2019.
En cifras esto supone una bajada 6.837 millones y lleva a esta partida a niveles de 2016. La estimación que comparte la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) con este medio viene de la proyección de la media mensual de los datos entre enero y abril. Un período donde la contratación pública de las administraciones públicas ha disminuido un 57,5% frente al mismo período anterior.
La mayor caída se espera que se produzca en los contratos del Estado. En concreto, la estimación para 2020 se sitúa en 1.537 millones de contratación del Gobierno central que recortaría en un 78,9% su gasto frente a los 5.520 del año anterior. Por su parte, las comunidades autónomas cerrarán el año con un recorte en esta partida del 45,8%, hasta los 1.557 millones, y los ayuntamientos reducirán hasta los 1.001 millones, un 60,5% menos.
Las licitaciones del sector público caerán en menor medida, según las estimaciones de Seopan. Sus cifras apuntan a que el retroceso frente a 2019 llegará hasta el 39%, situándose en una estimación de licitación de 11.045 millones de euros.
En los cuatro primeros meses del año el retroceso ha sido del 43,2% inferior en comparación al mismo período de 2019. La patronal de ACS, Ferrovial, OHL, Acciona o FCC, según los pronósticos, vaticina una reducción del 56,1% en las licitaciones del Estado, una rebaja del 20,8% en las comunidades y 39,8% de los ayuntamientos.
Necesidad de 157.000 millones
Esta reducción no va en línea con las necesidades que estima esta patronal. Seopan presentó el pasado mes de marzo unas necesidad de inversión prioritarias de 157.000 millones de euros en infraestructuras para los próximos diez años.
La patronal pide esta inversión pata cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España. Además, esta inyección, según su visión, cumpliría la función de rehabilitar la economía tras la crisis sanitaria.
Estas inversiones, a ejecutar durante entre 2021 y 2030, según la estimación de esta patronal, generarán 144.870 millones de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 millones de euros.
