El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha dictado un auto en el que da un plazo de siete días a contar desde este jueves para que las acusaciones particulares que se han quedado fuera del 'caso Popular' se puedan integrar de manera voluntaria en cualquiera de las doce representaciones de acusaciones particulares seleccionadas.
Calama decidió reducir a doce las acusaciones que se podrán personar en el juicio contra el Banco Popular tras el aluvión de demandantes, que llegó a superar la centena de agrupaciones.
Entre los seleccionados se encuentran fondos de inversión como los siguientes Pimpco, Algebris, Anchorage Capital y Cainr Capital; la Mutualidad General de la Abogacía; la Asociación Española de Accionistas minoritarios de empresas (AEMEC); Fonfría Abogados y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), entre otros.
La caída de Popular
En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular. Para ello, convirtió en cero el valor de las acciones, en una operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, el Banco Santander se hizo con la entidad por un euro.
Cuatro meses después, el que fuera titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor. A todos se les acusa de presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
