La nacionalizada Catalunya Caixa (rescatada con 12.000 millones de euros públicos por el momento tras años de nefasta gestión) ha perdido una primera batalla judicial contra dos de los directivos que comandaban la entidad cuando se fraguó su bancarrota. Se trata del expresidente Adolf Todó y del exconsejero delegado Jaume Masana.
El veredicto del juzgado de lo social número 2 de Barcelona es claro: Todó y Masana fueron despedidos de forma improcedente según el juez, y ahora volverán ser readmitidos en la entidad o recibir una indemnización de 600.000 euros que saldrían de los impuestos de los españoles. Catalunya Caixa recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia catalán.
Todó y Masana fueron despedidos sin derecho a indemnización en 2013 por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que se hizo cargo de Catalunya Caixa, tras cinco años de gestión de la entidad financiera y de recibir miles de millones de euros para rescatarla, informa Efe.
El juez obliga a la entidad a readmitirles o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno
El titular del Juzgado de lo Social número ocho de Barcelona, Francisco Leal, estima así parcialmente la demanda promovida por los dos exdirectivos que denunciaron que se trataba de un caso de despido improcedente. El juez les da la razón porque "no queda acreditado" que ambos incurrieran en incumplimientos o dejación de sus funciones.
Según la sentencia del juez Francisco Leal, la entidad financiera ahora controlada por el Frob no ha podido acreditar que hubiera incumplimientos de Todó y Masana o dejación de sus funciones. "Las cartas de despido carecen de hechos concretos y determinados que puedan reflejarse y recogerse directamente en el apartado de probanzas", asegura la sentencia.
Caixa Catalunya, luego llamada Catalunya Caixa tras incorporar a las caixas de Tarragona y Manresa y Catalunya Banc tras separar su negocio financiero de su obra social, ha sido uno de los principales responsables del agujero financiero español que provocó un rescate por parte de Europa de aproximadamente 40.000 millones de euros en verano de 2012. Sus directivos han sido acusados de dilapidar más de 5.000 millones de euros desde 2007 dando créditos a empresas que estaban quebradas pero en las cuales tenían intereses amigos políticos de la dirección. La caja ha estado históricamente controlada por afines al PSC, al pertenecer en su origen a la Diputación de Barcelona. Su último presidente, el exministro con Felipe González Narcís Serra, está también imputado por aprobar presuntamente sobresueldos ilegales en un crítico momento financiero para la entidad.
