El Gobierno ha eludido cuantificar el número de destituciones que se han producido entre los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) desde enero de 2012, argumentando que "cualquier nombramiento en un puesto de libre designación necesariamente implica el cese en el puesto que se venía ocupando anteriormente", y asegura que algunas de estas suspensiones se han debido a promociones internas.
Así lo señala en una respuesta parlamentaria al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, quien el pasado 23 de septiembre presentó una pregunta escrita sobre este asunto, a raíz de las denuncias de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda sobre los más de 300 ceses que habían tenido lugar en apenas 20 meses de legislatura, incluyendo la dimisión de la anterior directora general de la AEAT, Beatriz Viana, y de la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
Aunque el diputado de la formación magenta quería saber el número exacto de destituciones entre principios de 2012 y la fecha de la pregunta, es decir, septiembre de 2013, así como conocer las razones de "tan alto número" de ceses, en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo se limita a señalar que "no es posible facilitar el dato porque cualquier nombramiento en un puesto de libre designación necesariamente implica el cese en el puesto que se venía ocupando anteriormente".
"Muy frecuentemente ocurre que dichos nombramientos recaen en funcionarios que previamente ocupaban puestos de libre designación, que son cesados para promocionar a puestos de mayor responsabilidad", añade el Gobierno, subrayando que en todos los casos los ceses se realizaron con respecto a la normativa aplicable, que permite la "discrecionalidad" en estas decisiones cuando afecten a puestos de libre designación.
En cuanto a las razones para esta tasa de destituciones, la respuesta parlamentaria argumenta que "los cambios en los equipos directivos tienen relación con la capacidad de autoorganización reconocida a las administraciones públicas y con los procesos de renovación que se producen con el objetivo de alcanzar mayores niveles de eficacia", y asegura que "no existe ningún tipo de injerencia política en la gestión de la AEAT, que se caracteriza por ser desarrollada por personal altamente especializado".
Amnistía fiscal
Por otra parte, Anchuelo también preguntaba por los ceses ocurridos en un periodo más concreto, entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2012, coincidiendo con la aplicación de la llamada 'amnistía fiscal'. "Esta medida fue un fracaso recaudatorio y sumamente negativa para la conciencia fiscal de los españoles, y fue durísimamente criticada por los inspectores de Hacienda", recuerda el diputado de UPyD.
Por eso, quiere saber cuántos de los ceses "se debieron a críticas o desacuerdos" con esta medida, a lo que el Ejecutivo replica que "ése es un juicio de valor carente de toda motivación o justificación", sin precisar más sobre las destituciones ocurridas en ese periodo.
Finalmente, el Ejecutivo justifica que el número de puestos de libre designación existente en la actualidad en la Agencia Tributaria para los inspectores es "el que se estima adecuado" dado que "se trata del principal cuero de nivel superior adscrito a la AEAT al que, por tanto, corresponde el desempeño de la mayoría de los puestos con funciones de carácter directivo y de especial responsabilidad".
Turbulencias en la AEAT
Esta respuesta se ha publicado la misma semana que se ha conocido la dimisión del director de Inspección, Luis Jones, por discrepancias con el director de la Agencia, Santiago Menéndez, en materias relacionadas con el personal de Inspección, nombramientos concretos y criterios de reasignación de funcionarios.
Además, aunque en el texto el Gobierno no hace referencia a estos sucesos por ser más recientes, la respuesta también llega poco después de una cadena de dimisiones derivadas del cese de una inspectora del departamento de Grandes Contribuyentes por rechazar un recurso de la multinacional cementera mexicana Cemex contra una multa de 450 millones de euros, decisión que ha motivado airadas quejas de los colectivos de inspectores contra las injerencias políticas en el organismo.
Todas estas circunstancias han motivado las críticas de la oposición, que ha reclamado tanto la comparecencia de Montoro y Menéndez en sede parlamentaria como la destitución del ministro, que será interpelado sobre este asunto en el Pleno del Congreso de la próxima semana por parte del PSOE.
