La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha desafiado este jueves al Gobierno al solicitarle una evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al que están asociados los fondos UE, en el marco de la nueva Ley de Evaluación que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de mayo.
Durante un evento organizado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), la presidenta ha calificado como "chocante" que recientemente se haya aprobado el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado pero el Plan de Recuperación esté "prácticamente exento" de evaluación a nivel nacional.
En su opinión, esta evaluación de las políticas públicas "tiene que extenderse a los ámbitos principales" como, por ejemplo, el Plan de Recuperación. "La Ley de Evaluación que se ha presentado parece que trata de promover la evaluación en la Administración General del Estado, pero quedan muchos aspectos por concretar que están abiertos en la ley", ha añadido.
Precisamente, la aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas. "Con este Proyecto de Ley se persigue reforzar el valor de las evaluaciones de políticas públicas, avanzando en el proceso de institucionalización del análisis de tales políticas, promoviendo una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizando las evaluaciones ‘ex ante’ de las políticas públicas", destacó el Gobierno tras su aprobación.
Falta de información sobre los fondos UE
La AIReF se ha mostrado crítica con la falta de datos sobre la ejecución real, en términos de Contabilidad Nacional, de los fondos europeos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no proporciona información desde agosto de 2021, aunque sí ha tenido que informar a la Comisión Europea (CE) de sus avances.
De esta forma, Bruselas informó el pasado mes de mayo de que España gastó 2.400 millones en 2021, frente a los cerca de 26.000 millones que presupuestó y 9.000 millones que recibió ese año. La ejecución demuestra que el impacto de estos fondos en la economía fue, en el primer año de ejecución, muy inferior al previsto inicialmente por el Gobierno (2 puntos de PIB, según consta en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril de 2021).
Sin embargo, este mismo jueves se ha conocido la reasignación de las subvenciones de los fondos europeos Next Generation EU y la Comisión Europea ha concedido 7.700 millones adicionales a España por el peor desempeño del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020 y 2021, por lo que recibirá un total de 77.200 millones en concepto de transferencias no reembolsables.
De momento, el Gobierno ya tiene en sus manos 19.000 millones y espera recibir otros 12.000 millones en las próximas semanas, tras haber dado luz verde Bruselas este mismo lunes. La Comisión Europea estima que la mayor parte de la ejecución española se va a producir en 2022. En concreto, el gasto con cargo a los Next Generation ascenderá a un 1,8% del PIB, es decir, unos 22.400 millones.
Wesly
A ver, es que a Pedro Sánchez le sobra la oposición y también todo aquello que él no pueda controlar y manipular directamente, fiscalía y poder judicial incluidos. El artículo 9 de la Constitución (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) se lo pasa cada día por el forro. Pedro Sánchez aspira a dictador bananero. Cada día está más claro.