La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda al Gobierno que no siga desarrollando el Programa de Reindustrialización y Competitividad Empresarial (RCI) porque su coste es muy elevado (1.000 millones entre 2008 y 2016, unos 210.000 euros por préstamo) y no funciona, no es eficiente, ni sirve para mejorar la competitividad tal y como está diseñado.
"La Airef propone no seguir desarrollando el programa en su definición y estado actual y sugiere una redefinición del encaje estratégico, con objetivos claros a los que deba dar respuesta y un nuevo modelo de gestión", ha señalado la autoridad presidida por José Luis Escriva en su sexto análisis del gasto público (Spending Review) publicado este miércoles.
El RCI es un programa del Ministerio de Industria que consiste en la concesión de préstamos bancarios con condiciones ventajosas (plazo a diez años, tipos de interés de mercado, 3 años de carencia de principal y garantía real mínima del 10%) que se conceden a empresas para fomentar su competitividad. Con este programa, el Gobierno financió 5.000 proyectos (del 2% de las empresas industriales) entre 2008 y 2016 con un total de 4.900 millones de euros.
Por cada euro que invierte en estas empresas, el Gobierno se gasta 55 céntimos, con lo que el coste "es demasiado elevado", y además el Ejecutivo ha tenido que asumir unas pérdidas por morosidad de hasta 670 millones de euros (tasa de morosidad del 23%). Crear un sólo puesto de trabajo le ha costado 35.000 euros.
De ese 23% de morosidad, Industria sólo le pasa a Hacienda un 4% de los casos -muy pocos- y de ellos la Agencia Tributaria consigue recuperar un 50%.
No existe en otros países
Además del coste, la Airef considera que el programa tiene "objetivos difusos y no cuantificados", señalan fuentes de la institución, precisamente porque no están identificadas las necesidades de la política industrial española.
Tampoco existen programas similares en otros países con lo que poder compararlo. "El préstamo español con fines industriales directamente gestionado por la Administración Central es único", ya que lo que hay en otros países son modelos en los que se gestiona a través de un intermediario público (Francia, EEUU, Canadá...) o bien mediante un organismo público-privado (como Alemania).
Cuando vemos que no se hace en el resto del mundo, nos preguntamos: ¿por qué no se hace?"
Existe también una falta de información, por lo que muchas empresas se convierten en morosas porque no saben que tienen que devolverlo. Además el Ministerio de Industria no se coordina con la banca, con lo cual concede préstamos a empresas que igual ya son morosas o tienen deudas con la banca.
En la práctica creen que ha funcionado como un subsidio de desempleo y no ha servido para mejorar el tejido empresarial.
"La Airef detecta que el programa se se gestiona con procedimientos poco eficientes (...) los procesos de publicación y solicitud son complejos, la evaluación es poco flexible, el proceso de justificación (aunque ha mejorado) es lento y el seguimiento está descoordinado", concluyen.
